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Política

INACEPTABLE: TRABAJAN para un MINISTERIO de SÁENZ y están en NEGRO

Más de 400 personas que se desempeñan en los Centros de Primera Infancia reclaman un contrato digno para dejar de estar precarizadas.

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Suena feo, pero es lo que pasa. En Salta el principal empleador que explota a sus trabajadores y los humilla con contratos precarios es el propio Gobierno, el ejecutivo provincial. Desde AGENDA SALTA venimos alertando desde los inicios de este medio la peligrosidad de los contratos de Agrupamiento Político (AP) y de aquellos que carecen de una designación y que deben renovarse anualmente; siempre quedando a merced de lo que diga el funcionario de turno.

Hoy quienes no aguantaron más la precarización en la que deben cumplir sus tareas, son trabajadoras de los Centros de Primera Infancia, unidades dependientes del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Verónica Figueroa. Se trata de más de 400 personas que hoy perciben una cifra muy inferior a la Canasta Básica Alimentaria. Es decir, que son indigentes.

A pesar que desde Desarrollo Social se anunció la iniciativa “Cuidando a los que cuidan” y de las promesas de regularización y dignificación para los empleados, en su gran mayoría mujeres, desde el Gobierno que encabeza Gustavo Sáenz les tenían una jugada maliciosa en su contra.

Fátima Rodríguez, referente de los CPI y Vocal de ATE Salta, contó a Agenda Salta que, al asumir Verónica Figueroa, se comprometió a regularizar la situación de las personas que tenía a su cargo. Con la llegada de la pandemia, esto se atrasó y la promesa se pospuso para el 1 de enero del 2021. Al legar el nuevo año, las noticias fueron desalentadoras ya que el Gobierno les propuso ser monotributistas. Esto, claro está, para que no dependan exclusivamente del Gobierno de Salta y puedan prescindir de sus servicios en cualquier momento sin indemnización o justa causa a pesar que llevan años trabajando para el ejecutivo.

En la tarde de este viernes, trabajadoras decidieron manifestarse en las puertas de la Secretaría de Trabajo. Allí, denunciaron que están siendo presionadas para firmar “sí o sí” los contratos con la modalidad de monotributo a partir de este lunes. Según mencionaron, al aceptar esto deberán destinar entre 2 y 4 mil pesos mensuales solo al pago de AFIP, Rentas y todo lo que conlleva el monotributo.

Cabe mencionar que, durante la pandemia, las operadoras de los CPI fueron consideradas como personal esencial, debiendo trabajar con normalidad horaria y diaria. Una de ellas afirmó que percibe tan solo 13 mil pesos mensuales y que, a pesar de ser personal de servicio, tuvo que cumplir tareas de cocina, limpieza y cuidado de chicos. “Es una tarea que una niñera cobraría más” afirmó con resignación.

De aceptar la propuesta indecente por parte de los funcionarios saencistas, las trabajadoras no podrían gozar de licencias ni aguinaldo. Además, los aumentos que se llegaran a fijar para la administración pública, no las abarcaría a ellas. “Trabajamos durante la pandemia sin seguros, sin ART. Ni siquiera el pago del boleto, pero lo hicimos. Queremos un contrato real, una designación digna. También somos personas de derecho” expresaron.

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