Una investigación realizada por la Fundación FIEL planteó la necesidad de una desregulación del sistema financiero local. Se consideró que "la sobrerregulación económica del sector financiero" fue uno de los factores que generó "el nivel de bancarización más bajo de la región" y que incluso "se encuentra en niveles históricamente reducidos para la Argentina". Entre otras medidas, abogaron para que se elimine el financiamiento subsidiado a las pymes, se limiten los servicios financieros gratuitos por fuera de la cuenta sueldo o se quite la necesidad de contar con una autorización del BCRA para la apertura, traslado o cierre de una sucursal bancaria.
El equipo de FIEL relató como esta investigación surgió luego de un encuentro con ADEBA, uno de sus patrocinantes, y que fue motivada, entre otras razones, porque "el clima de época es favorable a avanzar hacia un entorno más competitivo". De hecho, explicaron que mientras elaboraron la investigación, "el BCRA dio algunos pasos en el desmantelamiento del exceso de regulaciones y en introducir otras que favorecen la competencia", como fueron la liberalización tasas de interés y la interoperabilidad QR para tarjetas de crédito.
El think tank liberal explicó que "las sobrerregulaciones económicas son aquellas que exceden las regulaciones prudenciales", es decir, "los estándares de regulación, supervisión y gestión de riesgo bajo los cuáles son supervisados los bancos y que fueron delineados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea". Argumentaron que "este exceso de regulaciones impone sobrecostos al sistema, generando ineficiencias que limitan el desarrollo de nuevos productos y la profundización financiera, un elemento clave para impulsar el crecimiento económico".
Dividieron esas sobrerregulaciones en tres categorías. La primera es la que limita los precios de los servicios ofrecidos. En este caso, ejemplificaron con la obligatoriedad de los bancos a ofrecer gratuitamente algunos productos y servicios. "Si bien algunas políticas de productos y servicios financieros gratuitos forman parte de las políticas usuales para fomentar la inclusión financiera, las regulaciones vigentes no justifican adecuadamente la necesidad de imposiciones que lucen excesivas, ni evalúan los costos y beneficios asociados", sostuvieron.
En este sentido, criticaron que el DNU 70, publicado el 20 de diciembre, habilita a las fintech a que reciban cuentas sueldo y de pago de jubilaciones "sin imponerles los mismos requisitos de liquidez, seguro de depósitos y otros requisitos que se exigen a los bancos. Así se habilita una opción sin las correspondientes garantías para los consumidores y se mantiene una clara asimetría regulatoria".
La segunda categoría son las regulaciones que limitan las cantidades ofrecidas. En este caso, una de las medidas planteadas fue que se elimine la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva de Mipyme. Explicaron que, pese a que en marzo se eliminaron las tasas máximas para los bancos que tenga esta línea de crédito, aún "perduran sesgos y arbitrariedades en los criterios de elegibilidad".
Y detallaron: "Sólo se puedan financiar compras de bienes de capital que sean de producción nacional. Pueden acceder al régimen empresas que no sean Mipymes, si el financiamiento tiene como destino la compra bienes de capital de producción nacional. En el caso del sector agropecuario, sólo las microempresas pueden acceder a esta línea de crédito subsidiado".
La tercera categoría incluye normativas "otras regulaciones que afectan la eficiencia" pero que no califican en ninguna de las dos categorías anteriores. Una de ellas es que para la apertura, traslado o cierre de una sucursal bancaria se requiere conformidad del BCRA, "generando sobrecostos para los bancos y poniéndolos en desventaja frente a competidores que no tienen sucursales físicas como las fintech".
Sobre ese punto, agregaron: "Para que esta competencia resulte eficiente es crucial que las regulaciones no otorguen ventajas arbitrarias a unos sobre otros. Si bien se han corregido la mayor parte de las inequidades impositivas que favorecían a los nuevos jugadores, persisten asimetrías regulatorias que 'desnivelan la cancha' y que podrían afectar la sostenibilidad de las instituciones reguladas".
