La versión emergió de los corrillos hasta llegar a la opinión pública a mediados de marzo pasado: la Corte Suprema de Justicia había acordado informalmente no tratar ni decidir en causas con impacto político, hasta que finalizara el año electoral que acababa de amanecer.
Desde luego, nadie confirmaría abiertamente semejante defección en la obligación de impartir justicia que, empezando por la cabeza del Poder Judicial, le corresponde ejercer a todos los tribunales y juzgados inferiores. Sin embargo, una alta fuente de la Corte admitió ante este diario que la idea efectivamente se conversó informalmente en una reunión de Acuerdos. Los ministros guardan estricto silencio al respecto. Tampoco lo desmienten.
Fertilizado por años de suspicacias y malicias, el suelo sobre el que se esparcieron estos rumores es apto para su germinación.
Otro ruido extra jurídico crece en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Juicio Político mantiene un estéril proceso administrativo contra los cuatro ministros de la Corte, con desfile de testigos y audiencias que ya no atraen a nadie, cuyo camino hacia la basura está garantizado por la falta de votos del oficialismo para abrir la acusación formal en el recinto.
Sin embargo, un hilo invisible podría estar uniendo aquellas versiones con estos hechos. ¿La Corte pisó el freno para que la opinión pública no crea que sus decisiones están motivadas por un deseo de venganza? ¿Ese supuesto cuidado no termina beneficiando al kirchnerismo y dándole la razón respecto de la inspiración política el tiempismo de los fallos? Interpretaciones.
Los hechos acomodan razones en ambos sentidos. Por ejemplo, el máximo tribunal aceptó dos medidas cautelares que pedían suspender las elecciones en San Juan y Tucumán porque se objetaba la legalidad de las candidaturas peronistas. Ese rayo fulminó las pretensiones de Sergio Uñac y Juan Manzur, y fue recordado esta semana por el gobierno, luego de que el oficialismo fuera derrotado en el terruño de Domingo Sarmiento.
Del otro lado de la balanza se acumulan los rechazos y el silencio ante los sucesivos pedidos para que la Corte declare inconstitucional el artículo de la Constitución de Formosa que avala la reelección indefinida de los gobernadores.
Esa cuestión puede despertar ahora que el ministro de Justicia Juan Martín Mena pateó el hormiguero con la solicitud a la Corte para que anule determinados artículos de la flamante Constitución de Jujuy. Veremos.
Pero hay otra manera de "medir" la paciencia de la Corte con los temas de impacto político. Una vara posible es mirar qué hizo para que se cumplieran sus propias sentencias.
Hay dos de ellas especialmente elocuentes. La primera, es la orden al gobierno nacional para que aumente el porcentaje de la coparticipación federal porteña, reducido de forma unilateral en 2020 durante la crisis policial bonaerense.
Horacio Rodríguez Larreta acudió a la Corte -con competencia originaria en los reclamo de las provincias- con una acción de amparo para detener ese cambio, y el 21 de diciembre el máximo tribunal aceptó ese pedido: ordenó que, mientras se analizara la cuestión de fondo -lo que tampoco ocurrió hasta ahora-, el gobierno nacional suba los aportes a la CABA del 1,4% de toda la masa coparticipable al 2,95%. Larreta reclama el 3,5%.
Pero esa orden, emitida hace más de seis meses, jamás se cumplió. Sólo por el agujero causado respecto de esa sentencia en este lapso, la La administración porteña reclama una deuda de 110.000 millones de pesos. Si sumamos el dinero no percibido durante estos años, el reclamo asciende a 252.000 millones de pesos.
Pues bien, la plata que según la Corte le pertenece a los porteños nunca se depositó en las arcas de la Ciudad. Pese a las gestiones amigables y de las otras, al pedido de embargar la cuenta del Banco Nación en el monto correspondiente y a nuevas presentaciones, el máximo tribunal viene admitiendo que su resolución luzca como papel mojado.
Como esto es Argentina, la inacción además terminó retrasando el caso hasta este año electoral, en el que Rodríguez Larreta puja por la presidencia. ¿Entregarle esa fortuna en plena campaña sería influir en ella con un empujoncito? ¿O no hacerlo sería perjudicarlo con razones extrajudiciales? Insistamos con un detalle: el dinero es de los habitantes de Buenos Aires. No de sus autoridades.
Otra sentencia de la Corte sigue en el limbo. Es la que rechazó la división artificial del bloque de senadores oficialistas en dos, para reclamar tres de los cuatro asientos que le corresponden a la Cámara en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El 18 de abril del año pasado, cuando se estaba por cumplir el plazo que la Corte habia establecido en diciembre de 2021 para volver a la integración del Consejo con veinte miembros, y por orden de Cristina Kirchner, el bloque del Frente de Todos en el Senado resolvió dividirse en los bloques Frente Nacional y Popular (21 senadores) y Unidad Ciudadana (14 integrantes).
De inmediato, designó a dos senadores para sumarse al Consejo como representantes de la mayoría, y a otro en nombre de la segunda minoría. El cuarto consejero, por la primera minoría del Senado, le quedaba al radicalismo.
El PRO, que reclamaba para Luis Juez la representación de la segunda minoría tal como habían sido diseñados los bloques originalmente, acudió a la justicia. Y luego de siete meses tuvo la última palabra de la Corte.
Pero la película no terminó ahí. La sentencia respondía al reclamo de Juez para integrarse a la Magistratura hasta el fin de un período que terminaba en diciembre pasado, y que estaba por concluir cuando emitió su decisión.
Pues bien, para el período siguiente, 2022-2026, el PRO volvió a elegirlo al cordobés. Y los kirchneristas mantuvieron la jugada que la Corte había rechazado: volvieron a designar a Martín Doñate para la misma silla que el correspondía a Juez.
El incumplimiento de la orden del máximo tribunal era flagrante y evidente. Juez volvió a tocar su puerta, mientras rehacía el espinel en la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, recomenzando todo desde cero. El 10 de marzo, la Cámara de ese fuero le dio la razón una vez más.
Mientra tanto, en noviembre pasado el máximo tribunal dispuso que se tome juramento a los representantes de la Cámara de Diputados para el Consejo, y a fines de febrero aceptó a los tres senadores que no habían recibido impugnaciones: los peronistas Mariano Recalde e Inés Pilatti de Vergara y el radical Eduardo Vischi.
Desde entonces, el organismo está integrado por diecinueve de los veinte miembros que debe tener. Sólo falta Juez. Desde hace cuatro meses, su plácet está otra vez en manos de la Corte, que sólo debe hacer cumplir su propia sentencia.
