Un grupo de estafadores que conformaron un verdadero negocio familiar con la venta ilegal de casas y terrenos en distintos lugares de Salta capital, dejando a decenas de damnificados, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, pese a las pruebas obtenidas en la investigación, que dejaron al descubierto la impunidad de una auténtica asociación ilícita y la sospecha de que aún siguen estafando con la misma modalidad, aunque ahora con "tobilleras" desde la comodidad de su casa.
Se trata de una banda que operaba desde hace más de cinco años, encabezada por cuatro hermanos de apellido Córdoba: Luz Florencia Analía Córdoba, Noelia Maribel Milagro Córdoba, Carlos Mauricio Córdoba y Jesús Esteban Córdoba. En la causa también aparecen otros nombres en el entorno familiar como Celina Frías (madre de los hermanos Córdoba) y José Facundo Figueroa Sánchez (hijastro de Frías).
La modalidad de la estafa era la captación de las víctimas a través de avisos publicitarios y publicaciones en redes sociales, donde fingían solvencia a través de inmobiliarias, al parecer, con la complicidad de escribanías. Operaban con transacciones inmobiliarias a partir de documentación apócrifa, como boletos de compra-venta falsos y documentos de cesión de derechos firmados por cómplices que ahora están prófugos.
Luego de la última denuncia contra los hermanos Córdoba, en septiembre pasado, por parte de una familia que fue estafada con una importante suma de dinero en dólares por la venta de una casa en barrio Cielos del Sur, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, lograron la detención de la banda.
La punta de un iceberg
Pero con todas las pruebas en contra que demostraron el accionar sistemático de la banda y que sería solo la "punta de un iceberg" de una verdadera trama de estafas inmobiliarias a escala en Salta, los estafadores obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria, incluso antes de la última feria judicial.
La fiscalía consideró que no había riesgo de fuga ni obstrucción en la investigación, pero el modus operandi demuestra claramente que los estafadores venían actuando con evidente impunidad desde hace mucho tiempo, utilizando redes sociales y operando con terceros que hoy se encuentran prófugos de la Justicia.
De todos ellos, la más comprometida en el caso es Luz Florencia Analía Córdoba, quien figura en todas las denuncias y aparece como "titular enmascarada" o con nombres ficticios en las cuentas de redes sociales a través de las cuales captaba a sus víctimas.
De acuerdo al expediente al que tuvo acceso El Tribuno y según el acta de la audiencia de imputación, Luz Córdoba figura con instrucción universitaria completa, con título de abogada, recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Como tal, ejerció su propia defensa en el caso. Al parecer, el estatus de abogada de la UBA le permitió acceder al beneficio de la prisión domiciliaria mientras se avanza con la investigación.
Los estafadores aparentaban seriedad y solvencia, ofreciendo inmuebles mediante la presentación de falsos instrumentos que acreditaban la adquisición de terrenos o casas por parte de un vendedor.
Se presentaban como asesores inmobiliarios, invocando a importantes empresas de la ciudad de Salta. La investigación determinó también que las estafas se concretaban en tres etapas bien definidas: captación, interacción con las víctimas y el cobro en escribanías, donde se efectuaba la entrega de documentación apócrifa.
La difusión de la estafa la efectuaba en forma organizada en grupos de redes sociales, como así también en avisos clasificados.
