En los pasillos de los tribunales de San Isidro hay varias preguntas que empieza a tomar fuerza en torno a lo que será el juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, calificada como un homicidio simple con dolo eventual. ¿Cuándo se llevará a cabo? ¿Dónde se realizará teniendo en cuenta la inmensa cantidad de gente que querrá asistir?, ¿Cómo se implementará el debate que atraerá la atención de buena parte del mundo? Algunas de estas preguntas ya tienen respuesta en las cabezas de los funcionarios que comienzan a alistar lo que promete ser uno de los juicios más importantes de la historia argentina.
Antes de avanzar sobre las incógnitas que rodean a lo que será propiamente del juicio, es bueno repasar quienes son los imputados y por qué llegaron al banquillo de los acusados.
Los tres principales imputados Leopoldo Luque (médico de cabecera), Agustina Cosachov (psiquiatra) y Carlos Diaz (psicólogo). Los tres formaban parte del cuerpo médico que trataba a Maradona y están acusados de no hacer todo lo que estaba a su alcance para evitar que Diego muriera. Para los investigadores, los tres “omitieron asistir adecuadamente a Diego Armando Maradona, accionar con el cual, en definitiva, impidieron que recibiera la debida atención médica que hubiese evitado el deceso, particularmente la referida al campo cardiológico”, según documentos de la causa. Además agregaron que “libraron al paciente a su suerte”.
Junto con ellos están acusados también los profesionales que actuaron, directamente, sobre la deficitaria internación domiciliaria a la que estuvo sometido el ex capitán de la Selección, en una casa de Tigre, entre los días 11 y 25 de noviembre: los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, junto a su jefe Mariano Perroni; la representante de la empresa de medicina prepaga Nancy Edith Forlini y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.
Todos ellos enfrentan la acusación por homicidio simple con dolo eventual, lo que conlleva penas de 8 a 25 años de cárcel.
En el requerimiento de elevación a juicio oral, los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra consideraron que “la prueba conducía, inicialmente, a mostrar la responsabilidad de los doctores Luque y Cosachov, con injerencia directa en el resultado muerte, permitieron dar andamiaje a otras pruebas. Eso condujo a detectar la responsabilidad de Díaz como integrante del cuerpo médico tratante, de los responsables de las empresas que coordinaron la fallida internación domiciliaria (Forlini y Perroni), de los enfermos presentes en el momento más crítico (Almirón y Madrid) y del médico clínico designado para esa temeraria internación domiciliaria (Di Spagna)”.
Así, con la elevación a juicio confirmada, a principios de noviembre se sorteó al tribunal que llevará adelante el juicio oral. Se trata del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. La determinación del azar planteó un problema, ya que ese TOC tiene una silla vacante. Solamente están designados los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino. La silla vacante debió ser sorteada a mitad de esta semana y se conoció que la tercera jueza será Julieta Makintach, hija de un histórico magistrado de la zona como Juan Makintach.
Ahora bien, con el tribunal conformado en su totalidad, comenzó el armado del juicio. En cuanto a la fecha, todavía no fue fijada pero todo hace indicar que se desarrollará durante la segunda mitad del 2024. Estimaciones de personas que conocen al detalle la causa, hablan de, por lo menos, 4 meses de debate oral.
¿Dónde se realizará el juicio? Este es, quizás, el punto más controversial, por la cantidad de gente que se acercará a la zona y el inmenso número de periodistas que buscará acreditarse. En estas semanas se analizarán distintas opciones, pero, por el momento, la que crece con más fuerza es que se haga en los mismos tribunales de San Isidro, donde se utlizarían, por lo menos, dos salas: una en la que se desarrolle el juicio y otra en la que puedan estar periodistas acreditados y público.
Otra posibilidad es que el debate oral se traslade fuera de tribunales, a un lugar más grande y confortable. Aunque esto supondría un traslado extra del expediente físico (si, las causas todavía se trasladan en papel) y para algunos eso es un problema.
“Entre acusados, abogados, fiscales, jueces y secretarios tenemos, por lo menos, 40 personas. Eso sin contar público, familiares ni periodistas. Va a ser imposible encontrar un lugar adecuado para tanta gente pero se está tratando de encontrar la opción que sea más cómoda para todos”, explica una fuente judicial clave en los tribunales sanisidrenses.
Los ocho acusados, de la mano de sus letrados defensores, plantearon múltiples recursos que dilataron la elevación a juicio. Eso explica porque el juicio se va a realizar recien cuando se cumpla el cuarto aniversario de la muerte de Diego Maradona.
