En el Gobierno de Javier Milei creen que las auditorías sobre la planta de empleados de cada uno de los ministerios, secretarias y dependencias de la Administración Pública Nacional podrían estar listas para la última semana de diciembre.
El plan de reducción del personal estatal que plantean en La Libertad Avanza tiene diferentes etapas y un objetivo claro: eliminar todo empleado que no sea esencial o cumpla una actividad relevante para la función del Estado Nacional.
De esta manera, y mientras se aguarda por el resultado de la radiografía de la estructura estatal, en el Gobierno adelantan que todos los contratos de planta permanente que venzan el próximo 31 de diciembre no serán renovados (en su gran mayoría) y que con la obligatoriedad de la presencialidad en los puestos de trabajos se reducirá, de aquí a marzo, un 10% la planta del Estado. “Muchos que cobran un sueldo tienen otros trabajos y no vienen, con esta vamos a conseguir una reducción inicial”.
Actualmente, la Administración Pública Nacional tiene unos casi 400 mil empleados, por lo que se espera reducir en 30 mil esta planta con la medida de presencialidad y otra importante reducción se producirá a partir de la no renovación de contratos. El número total todavía se mantiene en reserva hasta tanto se culminen las auditorias.
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Recorte en el Estado: no renovarán los contratos que venzan en diciembre y tienen en la mira 30 mil empleados
El plan de reducción estatal es coordinado por la jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse, y en el proceso interviene Federico Sturzenegger, que de hecho estuvo reunido el martes en la segunda de las reuniones de gabinete.
El Gobierno de Javier Milei pone particularmente la mira en las contrataciones y nombramientos que se produjeron luego de que el Gobierno emitió el decreto 426/2022, que prohibía la contratación de nuevos empleados en el Estado. La medida -salvo contadas excepciones- regía hasta el 31 de diciembre de 2023, pero los equipos técnicos libertarios sostienen que no se cumplió.
A modo de ejemplo, un funcionario de LLA dijo que detectaron que en el último año en uno de los ministerios se habían sumado 3000 nuevos empleados. La cifra de empleados “irregulares” podría ser mayor a la esperada, sostienen en el espacio libertario.
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Las auditorías serán llevadas a cabo por cada uno de los ministerios y secretarías, que luego entregarán un documento final a la jefatura de Gabinete. Sturzenegger, expresidente del Banco Central durante el macrismo, coordinará estas acciones desde un organismo descentralizado que podría depender de la presidencia. La cuestión todavía no está definida.
Una vez que las autoridades de Gobierno conozcan el cuadro de situación, llegará una siguiente etapa que consiste en ofrecer retiros voluntarios, las intimidaciones a quienes estén en situación irregular y la posible judicialización de numerosos casos.
El principal desafío para la gestión de Milei en esta cuestión es definir qué harán con los empleados de los ministerios que dejarán de existir y no se convertirán ni siquiera en Secretaría. Un ejemplo de esto es el de las Mujeres, Géneros y Diversidad. La ley de empleo público marca que cuando un organismo del Estado, como esta cartera, se da de baja, esos empleados quedan a disposición de otros organismos por un periodo de seis meses y hasta 2 años. Si ninguna otra dependencia reclamara sus servicios, se les debe pagar una indemnización.
Si la auditoría marca que existen irregularidades, como que pase a planta permanente de personas que no fueron a concurso público o falta de asistencia al puesto de trabajo, en ese caso surgirá la figura de exoneración, es decir, el Estado no paga ninguna indemnización. En el caso de la planta política, con un decreto podrían llegar a eliminarse estos cargos.
