Ajeno a cualquier crisis, económica, sistémica o sanitaria, el sector público en su conjunto (nacional, provincial y municipal) ha mostrado a lo largo de la última década una enorme capacidad para generar puestos de trabajo en relación de dependencia, y perder productividad laboral, mientras que, por el contrario, se contrajo en el ámbito privado asalariado registrado en valores absolutos, y más aún cayó en valores ajustados por el crecimiento vegetativo de la población.
Sólo en los últimos dos años, entre febrero de 2020 -antes de que irrumpiera la pandemia de Covid-19- e igual mes de 2022, la estadística del Ministerio de Trabajo registró un crecimiento de la nómina asalariada en el agregado de la administración pública de todo el país de 124.100 personas, a un ritmo de 1,91% acumulativo por año.
En ese período, el total de los puestos privados en relación de dependencia declarados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) aumentó en 58.300 personas, a una tasa anualizada de apenas 0,49%, menos de la mitad de la tasa de incremento vegetativo por año de la población que arrojó el Censo Nacional 2022, (1,247%), según los datos provisorios que dio el Indec. Claramente, los desincentivos a la inversión productiva que provoca una política más orientada al control de precios, aumento de retenciones y cupos sobre las exportaciones y pensar en más impuestos, junto con la prohibición de despidos, aparecen en las principales explicaciones que esgrimen los empresarios cuando se los consulta sobre la situación del mercado de trabajo asalariado.
Semejante brecha en la dinámica de generación de empleo público y privado, de casi 2,3 a 1, en esos ámbitos respectivamente, no solo contrasta con la relación inversa que muestra la serie de ese tipo de puestos de trabajo: poco más de 6 millones de personas en el primer caso; y de 3,3 millones en el segundo; sino que además reafirma la creciente participación de la población ocupada en el Estado, la cual constituye una de las causas del déficit fiscal y de las necesidades de recursos que el conjunto de las provincias requiere de la Administración Central, más allá de los giros automáticos de la coparticipación federal de impuestos.
La serie de la cartera laboral que comienza en enero 2012 permite advertir que mientras en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner por cada empleo asalariado registrado en el sector público en su conjunto había 2,17 en el privado; en el gobierno de Mauricio Macri se redujo a 1,97; y en poco más de dos años de la gestión de Alberto Fernández se recortó a 1,81 puestos.
Ese notable aumento de la población ocupado en relación de dependencia del Estado -nacional, provincial, y municipal- fue una constante en la última década: se elevó 30,8% entre extremos, en contraste con la variación observada en el sector privado: se redujo 0,4%, cuando sólo de haber acusado un crecimiento vegetativo debiera haber crecido poco más del 13% (dejó sumar unos 800 mil puestos de trabajo.
En alguna medida, ese bache fue cubierto por la franja de ocupados en condición de monotributista único (1,8 millones en febrero último, hay otro tanto que tiene como ingreso principal un empleo en relación de dependencia o es jubilado-pensionado), la cual creció en la última década 37,3%; y la de independientes Monotributo Social (comprende a quienes reciben un subsidio del Estado y acreditan una contraprestación laboral mínima), la cual se multiplicó por 2,63 veces, a 441.700 personas.
Si se considera el agregado de todas las categorías ocupacionales, por tipo de modalidad de contratación registrada -comprende además de las analizadas previamente la de asalariados ocupados en casas particulares y los autónomos-, también se advierte un creciente aumento de la representatividad de los estatales en relación de dependencia: pasó de 24,6% del total en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner; a 25,9% en la administración de Mauricio Macri y, a 27% en los primeros 27 meses de gobierno de Alberto Fernández.
