Este miércoles vencía el plazo que la jueza Loretta Preska le había concedido al gobierno de Estados Unidos para presentar un escrito con su opinión sobre la eventual entrega de acciones de YPF en manos del Estado argentino a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera. En medio de esa expectativa, el gobierno estadounidense le pidió la justicia que impida que la Argentina pague con acciones de la firma.
“El Gobierno de los EE.UU. pide a la Juez Preska que no ordene la entrega de las acciones de YPF en manos del Estado a los beneficiarios del fallo”, publicó analista de Latam Advisors que sigue de cerca los juicios contra la Argentina. La justificación de departamento de Estados Unidos para presentar esa solicitud es que viola las normas de inmunidad soberana del país.
El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y su adjunto, David Farber, le habían escrito a Preska en septiembre que postergara su decisión hasta después de las elecciones, para que el Departamento de Justicia pudiera presentar una declaración de interés sobre la entrega de las acciones de YPF en manos del Estado argentino.
Los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera estatal, entre los que se encuentran el síndico que lleva la quiebra de Petersen Energía Inversora S.A.U. y el fondo Eton Park Capital Management, buscan que el tribunal ordene a la Argentina entregar su 51% de participación en YPF como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido. Esta moción está actualmente en espera de la decisión del tribunal.
Una condena que ya cumplió un año
El 15 de septiembre se cumplió un año desde la decisión de la jueza Preska de condenar a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo beneficia a los representantes de las empresas que eran accionistas minoritarias de la petrolera al momento de la estatización.
El reclamo es que el gobierno de Cristina Kirchner no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía (y finalmente le pagó con bonos) pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas.
Desde el momento del fallo, la Argentina apeló la sentencia, mientras que los beneficiarios juntan unos US$1000 millones en la cuenta de intereses. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión. Entre ellas, iniciaron el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado sobre el que ahora Estados Unidos opinará formalmente.
Además, empezaron a buscar activos soberanos para embargar en EE.UU., Irlanda e Inglaterra. Al mismo tiempo, activaron la estrategia de “alter ego” para demostrar que el Estado argentino es lo mismo que YPF, de modo de poder avanzar sobre bienes del país. Con el mismo objetivo, pidieron información patrimonial sobre Aerolíneas Argentinas, BCRA, Banco Nación, ARSA y ARSAT y acceso a las comunicaciones de funcionarios actuales y de la gestión anterior.
