El Fondo Monetario Internacional (FMI) aclaró que el acuerdo con Argentina no depende de la aprobación del Congreso Nacional y que la decisión final recae sobre el Gobierno de Javier Milei. La vocera del organismo, Julie Kozack, indicó que esta postura responde a la legislación interna del país y evitó dar detalles sobre eventuales desembolsos de fondos frescos.
"Tener el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades, tal como lo establece la legislación interna argentina", afirmó Kozack en su tradicional conferencia de prensa desde Washington.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había señalado más temprano en una entrevista radial que "la posibilidad de que sea aprobado por decreto no es real, porque el Fondo no lo permitiría ya que se requiere seguridad jurídica". A pesar de esta declaración, el FMI dejó en claro que no exige una aprobación parlamentaria como condición para avanzar con el acuerdo.
Negociaciones en curso y expectativas de financiamiento
Las conversaciones entre el Gobierno y el FMI continúan sin definiciones concretas sobre los montos y plazos de un nuevo programa. "Seguimos haciendo buenos progresos y estamos trabajando de manera constructiva con las autoridades argentinas", sostuvo Kozack. Además, reiteró que "un amplio apoyo" es clave para el éxito del plan económico del país.
Las expectativas en torno a un posible nuevo financiamiento siguen en discusión. En el ámbito financiero internacional, el banco UBS mencionó en un informe reciente que el nuevo acuerdo podría alcanzar los USD 20.000 millones, cifra que permitiría cubrir los vencimientos de capital e intereses con el organismo durante el mandato de Milei.
El rol del Congreso y la estrategia del Gobierno
El presidente Milei instó al Congreso a aprobar el acuerdo con el FMI en su discurso ante la Asamblea Legislativa, aunque el oficialismo no busca que se debata el programa en su totalidad. El Ejecutivo aspira a obtener autorización para tomar nueva deuda sin revelar los detalles del esquema económico de largo plazo.
El FMI, por su parte, insiste en que cualquier programa exitoso requiere un "fuerte respaldo político y social", pero sin exigir que pase por el Parlamento. No obstante, una validación legislativa facilitaría la aprobación final del acuerdo en el Directorio Ejecutivo del organismo, donde el respaldo de Estados Unidos es considerado clave.
