En un intento por aliviar la carga impositiva sobre las importaciones y fomentar un descenso en la inflación mayorista, el Gobierno decidió reducir el Impuesto PAÍS del 17,5% al 7,5% a partir de septiembre.
Esta medida, que será oficializada en los próximos días mediante una resolución en el Boletín Oficial, contará con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya había anticipado la baja en julio pasado.
El Gobierno baja el Impuesto PAIS en septiembre: cómo impacta en el dólar
La principal repercusión de esta reducción se verá en el precio del dólar para los importadores. Actualmente, los importadores pagan alrededor de $1116 por cada dólar, cifra que, con la nueva alícuota, disminuiría a unos $1021. Este ajuste podría incentivar un incremento en las compras al exterior, dado que el costo de importar bienes se reducirá, generando un impacto favorable en el sector.
La baja del Impuesto PAÍS también podría reflejarse en una reducción de la inflación mayorista, al disminuir el costo de los productos importados. Esto, a su vez, podría aliviar las presiones sobre los precios internos, aunque la efectividad de esta medida dependerá en gran parte de otros factores económicos, como la evolución del tipo de cambio y las expectativas inflacionarias.
Es importante destacar que esta reducción del Impuesto PAÍS no afecta las compras de dólar oficial para ahorro ni los gastos en el exterior, los cuales seguirán gravados con una percepción del 30% hasta diciembre de 2024. De esta manera, el alivio impositivo se concentra exclusivamente en las importaciones, dejando fuera a otros sectores que también enfrentan fuertes cargas fiscales.
Baja del Impuesto PAIS: desafíos fiscales
A pesar de los beneficios potenciales, la medida no está exenta de desafíos. La reducción del Impuesto PAÍS representa una disminución significativa en los ingresos del Tesoro, que dependió en gran medida de este tributo para mantener el superávit fiscal en los primeros siete meses del año.
Según datos de la consultora Outlier, el Impuesto PAÍS representó el 20,3% de los ingresos fiscales acumulados en ese período, lo que podría obligar al Gobierno a buscar fuentes alternativas de financiamiento para cerrar las cuentas públicas.
