La victoria electoral de Javier Milei volvió a poner en agenda la discusión por el costo que tienen las empresas del Estado en el bolsillo de la sociedad. La estatal Aerolíneas Argentinas anunció, hacia el fin del mandato, un muy ligero superávit operativo por US$ 32 millones proyectado para el cierre de 2023.
Se trata del primer resultado operativo positivo que tendría la aerolínea estatal desde su expropiación en 2008, y su titular Pablo Ceriani salió a arengar que este resultado demuestra que el gobierno de Milei no debería privatizar la empresa.
Primero de todo, la cifra publicada por Ceriani dista mucho del supuesto superávit de US$ 350 millones que había anticipado el periodista Alejandro Fantino, pero aún así la cifra es mentirosa. Hay una serie de operaciones financieras que se realizaron este año para evitar que en el balance aparezca un déficit, sin dudas una decisión política.
La trampa financiera de Massa
Aerolíneas Argentinas registró un déficit operativo equivalente a US$ 48 millones de dólares en el primer semestre del año, como lo constató en el balance de su Estado de Resultados para dicho período. Debió recibir una asistencia directa del Tesoro por al menos US$ 87 millones hasta el mes de agosto para poder pagar sus costos operativos.
Sin embargo, para la segunda mitad del año, apareció un ingreso extraordinario por US$ 100 millones de dólares que provino de un fideicomiso administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que depende directamente del Ministerio de Economía.
Esta estrategia que fue ideada por Massa permitió a la empresa mostrar resultados positivos sin recibir un salvataje directo del Tesoro, como viene ocurriendo todos los años desde que fue estatizada en 2008. Pero la realidad es que sin estos aportes indirectos, Aerolíneas Argentinas tendría un déficit de al menos US$ 68 millones de dólares como proyección para fin de año.
Un resultado que si bien es de los más equilibrados de los últimos años, dista muchísimo de la tan proclamada “eficiencia” que Ceriani pretende hacer ver. De hecho, el Presidente electo propuso lisa y llanamente transferir la aerolínea a los propios trabajadores que la operan, pero esto fue tajantemente rechazado por Pablo Biró en representación de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).
Si la empresa realmente fuera solvente y financieramente independiente por sí misma, no habría ningún motivo real para evitar la transferencia del Estado hacia los trabajadores. El verdadero motivo detrás de la negativa es, precisamente, que todavía necesita aportes del Estado.
La otra trampa: Tarifas más caras y represión de la competencia
Los costos que tienen que solventar los contribuyentes no son los únicos perjuicios que provoca la aerolínea estatal para la sociedad, ya que también limita gravemente la competencia en perjuicio de los consumidores. Esta fue la dirección política adoptada por la administración del Presidente Fernández.
El Gobierno kirchnerista estableció tarifas mínimas para vuelos de cabotaje con el fin de desalentar la preferencia de los consumidores por las empresas low-cost. En consecuencia, la concentración de mercado de Aerolíneas Argentinas se incrementó del 63% en 2019 a más del 72% en 2021, dando así más poder a la empresa para fijar precios en disputa con el grado de elasticidad de la demanda.
Lo que cualquier agencia de competencia habría penalizado para el caso una empresa privada, para Aerolíneas Argentinas fue simplemente un privilegio que adoptó para forzar la concentración del mercado y la disminución de la libre competencia en condiciones de igualdad. Los consumidores se vieron afectados por viajes más caros y un menor excedente en bienestar.
