El Gobierno de Alberto Fernández con el ministro Sergio Massa a la cabeza mandó a imprimir un paquete de hasta $2.000 millones de pesos diseñados en fábricas de China, a través de la imprenta China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPM).
Se trata de una maniobra verdaderamente masiva, ya que el monto solicitado alcanza a triplicar la capacidad anual de impresión que tiene la Casa de la Moneda. El ritmo de la nominalidad argentina es tan grande que ni siquiera las entidades oficiales están dando a basto para poder hacer frente a los requerimientos titánicos de emisión monetaria.
De hecho, es tan violento el proceso inflacionario y es tan drástica la velocidad de circulación del dinero en la economía, que incluso la Casa de la Moneda está teniendo problemas para cumplir sus contratos de suministro de billetes con el Banco Central.
El primer paquete de billetes llegará en avión con carácter de urgencia, con un total de 98.000 millones de unidades de pesos. El monto total podría arribar al país en la primera semana de noviembre, y alcanzaría hasta un 380.000 millones de billetes.
La operación habría sido mucho más sencilla simplemente con la alteración del diseño de los mismos y la introducción de mayores denominaciones, pero el Gobierno kirchnerista se niega a hacerlo por cuestiones meramente ideológicas. Al día de hoy, el billete de más alta denominación en Argentina (el de $2.000 pesos) a duras penas equivale a 2,5 dólares.
Esta decisión responde a dos cuestiones fundamentales. En primer lugar el financiamiento del “plan platita” desplegado por Massa, para el cual se estima un incremento de hasta el 1,3% del PBI sobre el déficit fiscal de fin de año. En segundo lugar, el Gobierno teme por la generalización de la corrida contra el peso hacia el último bimestre del año, esta vez afectando a los bancos.
Hasta ahora la corrida contra el peso se materializó en las paridades alternativas del dólar (legales y paralelo), pero si la situación no se controla y el BCRA no ofreciera tasas de interés compensatorias, el proceso podría extenderse hasta las tenencias de depósitos de plazo fijo u otros instrumentos en pesos.
En tal situación, el Gobierno quiere asegurarse de la liquidez suficiente como para atender a eventuales y masivos retiros de pesos de los bancos por parte del público, en busca de dolarizar sus carteras. El paquete de pesos por $2.000 millones busca salvaguardar esta situación, y dar cierto espacio para “administrar” una situación de corrida contra los bancos.
La corrida contra los bancos en un contexto de huida del dinero fue precisamente el fenómeno que sufrió el país durante la hiperinflación del año 1989. Por aquel entonces, el Gobierno de Alfonsín no contaba con suficiente liquidez a través del BCRA como para abastecer a los bancos, la suba de tasas de los encajes remunerados no lograban disuadir a los ahorristas para evitar migrar al dólar, y en última instancia se instrumentó un muy corralito similar al del año 2001. Esto dio lugar al surgimiento del “austral billete” y el “austral cheque”.
