Nuevas revelaciones demuestran las falencias que existen por parte del Gobierno al momento de controlar a los beneficiarios de programas como el Potenciar Trabajo, uno de los dos más importantes del ministerio de Desarrollo Social después del Alimentar. Un informe de la AFIP, elevado en el mes de octubre a esa cartera informa que al menos “2.800 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial” a través de familiares o terceras personas. El entrecruzamiento de datos también determinó que otros beneficiarios “tienen dos o más propiedades”, según las declaraciones de Bienes Personales presentadas.
El informe publicado fue realizado por el organismo recaudador a pedido del entonces ministro del área Juan Zabaleta. La solicitud fue realizada el 30 de junio pasado, ”a los fines estadísticos y de manera global, no individual”. y del cruce de información “que se realizó sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa” se detectó que: “253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses”.
Esa información se elevó al ministerio de Desarrollo Social el 24 de octubre. Los documentos membretados llegaron once días después que Tolosa Paz jurara como nueva responsable del área en lugar de Zabaleta quien había decidido renunciar para reasumir como intendente de Hurlingham.
La ex diputada ofreció una conferencia de prensa - al terminar una reunión con una delegación de piqueteros- y afirmó que suspenderá “inmediatamente” los planes sociales otorgados en el marco del Potenciar Trabajo que hayan sido utilizados para la compra de dólares. De esta manera, la funcionaria confirmaba la información que daba cuenta sobre las irregularidades detectadas por AFIP en ese programa.
“Estamos entrecruzando la última base de datos del Potenciar Trabajo. Todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente”, aseguró la ministra ante los medios y agregó: “Estamos trabajando para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades” y anticipó que “empieza un proceso de mucha transparencia a la hora de tener certezas sobre a quienes le estamos transfiriendo los recursos públicos”.
Hace diez días, a través del decreto 728/2022, Alberto Fernández prohibió el ingreso de nuevos titulares al Potenciar Trabajo. La normativa también impide que las bajas de beneficiarios sean reemplazados. En el mismo texto, el Presidente decidió que las cooperativas de la economía Popular, que dependen de los movimientos sociales, en su mayoría oficialistas, accedan al 30% de la obra pública nacional de hasta 300 millones de pesos.
Los nuevos datos no hacen más que remarcar la falta de control que existe sobre un programa social que debería estar destinado a los sectores más vulnerables. El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, fue creado por la administración de Alberto Fernández cuando el ministro de Desarrollo Social era Daniel Arroyo y fue impulsado a los fines de unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario.
El fiscal federal Guillermo Marijuán le pidió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que le envíe información sobre los beneficiarios de planes sociales que compraron dólares o declararon Bienes Personales.
El Potenciar Trabajo, según la descripción que se realiza en la página web de Desarrollo Social “tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.
La normativa es muy clara, solo pueden ser beneficiarios del programa “los que estén en riesgo o estado de vulnerabilidad social o se desempeñen en alguna actividad de la Economía Popular”. Comprar dólares, tener bienes suntuarios o haber fallecido, no los hace acreedores del beneficio que, este mes de noviembre llegó a los $27.275 por cuatro horas de trabajo en una Unidad de Gestión (UG).
Las UG son, por lo general cooperativas de trabajo de la economía popular. Tanto los beneficiarios como la Unidades de Gestión están registradas en el área de la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico. El funcionario está de los dos lados del mostrador ya que es uno de los líderes del Movimiento Evita, la mayor organización social del país que forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que agrupa a la mayoría de los movimientos que abrevan en el Frente de Todos.
Solo para tener dimensión del dinero que e Estado, a través de los impuestos, destina a ese programa social. El año pasado el ministerio de Economía giro para ese programa que administra Pérsico, bajo el paraguas del ministerio de Desarrollo Social 270 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que tenía asignado la cartera por entonces a cargo de Zabaleta y que era de 584.680.260.281 pesos.
Desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, el ministerio de desarrollo social cambio tres veces de ministro.
