Los proyectos de construcción de seis minas de cobre en San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca son los que lideran la cartera de iniciativas con grandes inversiones en minería y ahora, con la Ley Bases aprobada por el Congreso de la Nación, se acercan hacia la meta de largada. De concretarse, en poco tiempo se duplicarán las cifras de empleo minero a nivel nacional y en el mediano plazo se triplicarían las exportaciones, que dejarán de estar dominadas por el oro de Santa Cruz.
El RIGI
La flamante Ley Bases incluye entre sus apartados al tan celebrado como resistido Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones o RIGI, según sus siglas, que promete catapultar al sector minero. Establece un umbral mínimo de 200 millones de dólares, con la posibilidad de incrementarse a 1.000 millones para proyectos de exportación estratégica y también garantiza estabilidad por 30 años en materia tributaria, aduanera y cambiaria, proporcionando un entorno seguro y predecible para las inversiones a largo plazo.
Entre los principales beneficios que ofrece se incluyen una reducción de la tasa del impuesto a las Ganancias del 25%, en lugar del 35% aplicable en la escala general; un gravamen de los dividendos al 7%, que se reduce al 3,5% después de siete años de adhesión al RIGI, y la exención de derechos a las importaciones de bienes de capital y a las exportaciones, lo que baja significativamente los costos operativos para las empresas mineras.
Además, los incentivos cambiarios permiten la libre disponibilidad de divisas y este era uno de los reclamos más insistidos por el sector minero. A partir del RIGI, las inversiones no estarán obligadas a ingresar o liquidar divisas en el mercado de cambios, permitiendo una mayor flexibilidad financiera y acceso a divisas a través del contado con liquidación (CCL).
Por otra parte, la ley finalmente contempla que cada proyecto minero que se inicie con los beneficios del RIGI deberá destinar al menos el 20% de su inversión total a proveedores locales, salvo que -y aquí persisten las mayores dudas y todavía la norma genera algunas rispideces con los segmentos industriales- estos no cumplan con las condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad.
Con los proyectos de cobre se espera la generación de 6.000 empleos directos.
Las proyecciones
De los seis proyectos de cobre que más esperaban el RIGI, Josemaría, en San Juan, es el que más preparado está para la etapa de construcción, que demandará unos tres años, requerirá una inversión de 5.000 millones de dólares y la contratación de 6.000 trabajadores directos y unos 35.000 indirectos.
Lo siguen cerca San Jorge, en Mendoza, y Taca Taca, en Salta, que se proyectan para 2025. Para 2026 se estima que Los Azules, en San Juan, podría iniciar su proceso de construcción y para 2027, El Pachón, también en San Juan, y el Proyecto Mara, en Catamarca. Para llegar a esta instancia, las empresas ya invirtieron más de 740 millones de dólares en exploración durante los últimos 15 años.
Con estos proyectos en marcha, se estima que Argentina, que actualmente no produce ni un gramo de cobre, alcanzaría un nivel promedio de producción de 1.066 miles de toneladas de cobre por año. Si se avanza sin demora, para 2027 se registrarían las primeras exportaciones, que se multiplicarían cuatro veces conforme avance el resto de las inversiones, hasta lograr unos USD 9.000 millones de dólares al año, con un saldo comercial de casi 7.000 millones de dólares.
Santa Cruz
Con el avance de los proyectos de cobre, Santa Cruz dejaría de ser la provincia líder en exportaciones mineras del país. De esta forma, de concretarse estas proyecciones que maneja el sector, se modificaría totalmente el mapa minero metalífero nacional y el cobre pasaría a dominar la escena.
En efecto, el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones está pensado fundamentalmente para inversiones de gran envergadura y lo determinado en su redacción marca que no se podrá aplicar para iniciativas o proyectos que ya están en marcha. Es decir que aquellos que apunten a reactivar la exploración en los segmentos del oro y la plata, que es lo que podría ayudar a recuperar o extender los horizontes productivos existentes, no están alcanzados por los incentivos.
Sólo tres minas de oro, la santacruceña Cerro Negro, Veladero –en San Juan– y Lindero –en Salta-, aspiran a una vida útil operativa de al menos diez años. El resto de los yacimientos de ese metal del país está en una fase más madura, tanto es así que se prevén cierres antes de que termine la década, si no hay un cambio de aire o medidas de incentivos que permitan un cambio de escenario.
Tampoco existen, al momento, nuevos proyectos de oro y plata en ninguna parte del territorio nacional que estén cercanos a la decisión de construcción. Por esa razón es que desde el sector se cree que el futuro de los metales preciosos, principalmente el oro, podría estar atado justamente a los proyectos de cobre. Es que los mismos tienen como mineral secundario al oro. Ese es el caso de proyectos mineros como El Pachón, Los Azules y Taca-Taca.
