Si bien el superávit era esperado, dado que la estacionalidad del gasto juega a favor, el resultado primario y financiero de enero sorprendió positivamente debido a su magnitud. Se alcanzó un superávit primario de $2,01 billones y uno financiero de $0,52 billón luego del pago de intereses por $1,49 billón. Ambos registros representan un récord para el primer mes del año. De esta forma, se alcanzó un superávit fiscal en enero por primera vez desde 2011, aunque cabe destacar que la metodología es comparable desde 2015.
¿Qué hay detrás de este buen resultado? Aunque los ingresos aumentaron en el margen, el ajuste fiscal se explica prácticamente en su totalidad por una fuerte contracción del gasto público. En este sentido, los ingresos totales treparon un 0,7% anual por encima de la inflación en contraposición con el gasto primario que se desplomó un 39,4% real. En términos de pesos, el resultado primario mejoró $2,73 billones frente al registro de 2023 por ingresos adicionales por $0,04 billón y una merma en el gasto de $2,69 billones.
Profundizando en lo referido a las erogaciones, los gastos corrientes se hundieron un 35,3% real anual ($2,22 billones), a la vez que los de capital se redujeron un 86% ($0,47 billón), llevando prácticamente a cero este tipo de transferencias a las provincias. Con respecto a la primera de las líneas, el ajuste se concentró en las prestaciones sociales, los subsidios económicos, los gastos de funcionamiento y las transferencias a las provincias.
En detalle, las prestaciones sociales se contrajeron un 29,7% ($1,13 billón), explicado en casi un 80% por un recorte efectuado sobre las jubilaciones y las pensiones de 38,1% ($0,89 billón) producto del rezago de la fórmula de indexación. En tanto, los subsidios económicos cayeron un 64% ($0,45 billón) en la comparativa anual, concentrándose la baja en los energéticos (77,2% o $0,37 billón) por una postergación de transferencias a Cammesa.
Asimismo, los gastos de funcionamiento cedieron un 28,3% ($0,34 billón), lo que se fundamentó en mayor medida en una licuación de los salarios del sector público (27,2% o $0,26 billón). Por último, las transferencias corrientes a las provincias se desplomaron un 72% ($0,16 billón). Mirando las variaciones nominales, solo se redujeron los gastos de capital (50,3% anual) y las transferencias a provincias (0,9%), lo que denota que gran parte del ajuste se concretó a través de la licuación más que de un recorte de las partidas.
De esto último se desprende el interrogante acerca de qué tan sostenible es el ajuste fiscal alcanzado en enero. Lo que luce reversible en el corto plazo es el fuerte recorte de las prestaciones sociales. Sin un cambio en la fórmula de indexación, estas erogaciones representarán una carga abultada una vez que la inflación se desacelere, ya que comenzarán a ajustar en un 50% por la recaudación dela ANSES y en un 50% por salarios, que en algún momento empezarán a mostrar crecimientos reales una vez que la inflación desacelere.
En otras palabras, lo que actualmente sirve para ajustar dificultará ordenar las cuentas públicas en los próximos meses. Adicionalmente, el alto costo político que tiene la licuación de las prestaciones sociales (cabe recordar que los planes sociales ajustan por la fórmula previsional) y los salarios públicos podría llevar a tomar medidas excepcionales para mejorar el poder adquisitivo de estos grupos.
Por otra parte, tampoco luce sostenible una postergación indefinida de las transferencias a Cammesa, aunque el nuevo esquema tarifario ayudará a reducir efectivamente los subsidios energéticos. En el mismo sentido, se pone en duda la sostenibilidad del recorte nominal de las transferencias a las provincias debido que, si se decide profundizarlo y extenderlo, podría derivar en mayores tensiones con los gobernadores, dificultando el tratamiento y la aprobación de reformas estructurales en el Congreso.
Más allá de lo mencionado, el resultado fiscal de enero es una noticia positiva para los activos locales, ya que esboza el compromiso del equipo económico por alcanzar la meta de equilibrio financiero en 2024, la cual también fue avalada por el Fondo Monetario Internacional.
En principio, la perspectiva es buena, ya que es necesario tener superávits fiscales abultados durante la primera mitad del año, cuando la estacionalidad de ingresos y gastos juega a favor, para compensar los típicos déficits del segundo semestre.
*Economista de PPI
