Un día después de la masiva marcha de la CGT y en medio de la presión de los movimientos sociales por aumentar la asistencia a los sectores más vulnerables, el Gobierno anunció que prepara un doble refuerzo de ingresos destinado a los empleados formales y a los beneficiarios de programas sociales y trabajadores no registrados, con la apuesta de compensar el impacto de la aceleración de la inflación en los últimos meses y a la par contener la creciente tensión social en las calles.
El esquema en el que trabaja el ministro de Economía, Sergio Massa, y que definirá en las próximas horas el presidente Alberto Fernández contempla, por una parte, la implementación de un bono o gratificación por única vez y a cuenta de las paritarias para los trabajadores del sector formal, con lo que quedaría desechada la idea de un aumento de suma fija como planteaba la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Y, en paralelo, se impulsa el pago de un suplemento de emergencia para desocupados y personal en negro, a lo que se sumará el incremento de los montos del plan Potenciar Trabajo por efecto de la suba del salario mínimo, vital y móvil que el lunes definirá el Gobierno con las centrales sindicales y cámaras empresarias.
“Estamos trabajando con el sector privado y las organizaciones sindicales en dos sistemas de refuerzo en materia de ingresos para trabajadores formales, y sobre todo para los sectores de indigencia. Los picos de inflación de estos meses, los más altos que nos va a tocar vivir, tienen que encontrar en la acción del Estado una respuesta o una solución”, indicó el propio Massa durante el discurso que pronunció este jueves en el Consejo de las Américas.
Un rato después, en forma más reservada, el ministro aclaró que será el Presidente quien defina el esquema que se impulsará en el caso de los trabajadores del sector formal en el marco del acuerdo que pretende poner en marcha junto a la CGT y la Unión Industrial. La intención oficial es avanzar con un esquema de bono por única vez en lugar de la alternativa cristinista de un aumento salarial con formato de suma fija, que es fuertemente resistido por los gremios, que reclaman que se garantice la plena vigencia de las paritarias.
En esa línea, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti descartó la idea de un incremento de suma fija durante su habitual rueda de prensa de los jueves en la Casa Rosada. La misma sensación tuvieron en la conducción de la CGT luego de conversar con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, tras la contundente movilización de este miércoles.
Mientras aguardan por la definición presidencial y de Massa sobre ese punto, la CGT y Moroni avanzaron en el sondeo informal de cara a la reunión del Consejo del Salario del próximo lunes, que deberá definir una suba del salario mínimo adicional al 45% aplicado en el primer tramo del año y que llevó el piso salarial este mes a $ 47.850. La central obrera ya tiene decidido reclamar una mejora de entre 20% y 25% y agendar una nueva revisión en noviembre. Ese planteo significaría que el mínimo escale a una suma cercana a los $ 60.000.
Para el Gobierno se trata de una discusión clave ya que el mayor impacto del aumento del piso salarial será para las cuentas públicas porque se traslada en forma automática al monto del salario social complementario que cobran los más de 1,2 millón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y que equivale a la mitad del sueldo mínimo.
En parte con esa mejora la Casa Rosada atenderá el reclamo de los movimientos sociales por incrementar la ayuda a los sectores más vulnerables. Pero fuentes gubernamentales anticiparon que también está en estudio el pago de un bono de emergencia de carácter extraordinario para trabajadores informales.
Se trata de un suplemento similar al beneficio de $ 18.000 que se pagó -a través de la Anses- en dos tramos durante los meses de mayo y junio. Ese plus alcanzó a 7,5 millones de personas, un poco menos que las 9 millones que recibieron el IFE en el arranque de la pandemia.
