Para combatir los amparos de la CGT y la CTA que suspendieron los artículos de índole laboral del Decreto de Desregulación de Javier Milei, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se presentará ante la Corte Suprema para expresar su apoyo a la reforma laboral.
Se suma así a las iniciativas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y el G6 cordobés, que realizaron una acción de respaldo bajo la figura de amicus curiae, es decir presentaciones de terceros ajenos a la disputa que aportan al tribunal argumentos u opiniones que pueden servir como elementos durante el juicio.
“Estamos convencidos de que, los cambios que se impulsan en materia laboral, propiciarán la creación de más puestos de trabajo, en empresas ya existentes y nuevas a conformarse, trayendo beneficios para el sector asalariado, especialmente la formalización de las relaciones laborales”, sostuvo la CAC en un comunicado emitido este viernes.
“Entendemos que nuestra participación como Cámara Empresaria de Comercio y Servicios, vigente desde el año 1924, en una actividad que comprende a cerca de cuatro millones quinientos mil trabajadores de comercio y servicios nos posiciona en un lugar esencial para poder informar y enriquecer el debate que seguramente se llevará a cabo en la Corte Suprema, respecto de los alcances del Capítulo Laboral, Titulo IV del DNU 70/2023, pudiendo aportar fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos que recabamos exhaustivamente y hemos ido recabando en nuestros 100 años de actividad en el sector empresario”, añadió la entidad.
Por su parte, la UIA precisó que lo hará “con la intención de expresar una opinión fundada respecto de la modernización de la legislación ya que considera que dichos contenidos y sus propuestas se adaptan a las nuevas realidades del empleo, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias”.
Para los industriales la reforma configura un “camino correcto” hacia la creación de empleo privado y la reducción de la litigiosidad, “y sientan las bases para que, cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles”.
En ese sentido, la UIA hizo un listado de las iniciativas más destacadas del capítulo laboral del decreto: “La eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo formal, con la consecuente disminución de la judicialización de los conflictos laborales; la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad; la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales y la modificación en el sistema de cálculo de capitalización de intereses en los fallos laborales”.
A su vez, expresaron su apoyo las seis principales entidades empresarias cordobesas englobadas dentro de lo que se conoce como el G6: la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Federación Comercial de Córdoba, la Unión Industrial de Córdoba y la Bolsa de Cereales de Córdoba. Todas juntas pidieron que la Corte Suprema revoque la cautelar de la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la deje sin efecto.
“Desde nuestra provincia, emblema de la región más productiva del país, queremos evitar que se imponga un freno a un cambio positivo y necesario para el desarrollo. Los beneficios se harán sentir desde el centro y hacia todo el territorio”, aseguraron.
“Para todos los que creemos en el sindicalismo, en las empresas y en el trabajador como una fuerza de transformación positiva de la sociedad, la reforma laboral debe ser una realidad. Las normas y quienes las aplican deben saber adaptarse a las necesidades y horizontes de una Argentina que ha sufrido demasiado como para que unos pocos sigan en sus poltronas privilegiadas dándole las espaldas a la realidad y a la gente”, advirtió el G6 cordobés.
