Siguen apareciendo nuevos desequilibrios en la retirada del Gobierno kirchnerista de Sergio Massa y Alberto Fernández. La Secretaria de Comercio que dirige Matías Tombolini decidió acelerar rápidamente la aprobación de una serie de operaciones de importación que hasta ahora se encontraban restringidas por el sistema SIRA.
En lugar de haberlo hecho de manera responsable y progresiva a lo largo de su gestión, el kirchnerismo apostó por la represión financiera hasta las últimas consecuencias, y solo liberaliza las operaciones a unos pocos días de abandonar el poder. Esto implica un costo sideral para la próxima administración de Javier Milei.
El kirchnerismo postergó el pago por importaciones para tratar de contener artificialmente la paridad cambiaria del dólar oficial hasta las elecciones, a costa de generar un ajuste más severo para el Banco Central a partir de diciembre.
La habilitación de permisos del SIRA supone que las importaciones autorizadas podrán pagarse en un lapso de entre 30 y 60 días con posterioridad a la aprobación, y en un contexto de cepo cambiario, las operaciones deberán pasar por el Banco Central a través del tipo de cambio oficial. Esto genera un fuerte costo en materia de divisas, un costo que hasta ahora el kirchnerismo se dedicó a postergar a costa de poner en peligro el abastecimiento interno.
Solo en cuestión de semanas, la administración del presidente Milei deberá lidiar con una catarata de pagos de importadores locales con acreedores en el exterior. La deuda comercial por pagos pendientes a proveedores extranjeros llegó a superar los US$ 54.000 millones en el mes de noviembre, incluso por encima de lo que Argentina le debe al FMI.
Esta bomba de deuda comercial eventualmente dejará de crecer conforme se habiliten nuevos permisos de importación, pero la contracara de esto será la mayor salida de divisas del BCRA.
Se estima que el stock “anormal” de deuda comercial en el Banco Central se sitúa en por lo menos US$ 22.000 millones con respecto al promedio de los últimos 10 años. La mayor parte de este monto será exigible por los importadores en los próximos meses, dejando un camino minado para la próxima gestión y un obstáculo adicional para el necesario saneamiento de la institución.
Si el Banco Central no aprobara los pagos en los próximos meses, muchas empresas argentinas entrarían en default y perderían su reputación ante sus respectivos proveedores, condicionando también a las operaciones del futuro.
La gestión kirchnerista deja a la autoridad monetaria del país en un estado deplorable y al borde de la quiebra. Las reservas internacionales brutas no superan los US$ 21.000 millones, cuando habían alcanzado los US$ 38.000 millones en agosto del año pasado (cuando Massa se hizo cargo del Ministerio de Economía). Por otra parte, las reservas estrictamente netas marcan un rojo de US$ 10.000 millones, el mayor rojo de la historia argentina.
