Con la llegada de un cambio de signo político a partir del 10 de diciembre comienza una nueva etapa reformista para el país, y entre los cambios debatidos se encuentra la reforma del sistema tributario.
Javier Milei se convierte en el primer Presidente electo desde la vuelta de la democracia que asumirá la presidencia habiendo ratificado y firmado un compromiso explícito en el cual promete no subir ni crear nuevos impuestos, así como también bajarlos siempre que existiese la posibilidad de hacerlo.
El presidente de las operaciones de Toyota en la Argentina, Gustavo Salinas, anticipó que la empresa automotriz está preparada para bajar inmediatamente los precios a los consumidores si el Gobierno decidiera bajar los impuestos. La carga impositiva indirecta sobre los bienes y servicios es extremadamente elevada en Argentina.
Se estima que cerca del 56% del valor total de los autos que se venden en el país es producto del componente impositivo. Salinas explica que la carga fiscal asciende al 75% en la primera escala de automóviles cuando se incluye el impuesto interno que grava “el lujo”, y hasta un 100% de recargo impositivo en el caso de los automóviles de segunda escala.
Los impuestos internos a los automóviles llegaban al 21,5% en la década de 1980 y fueron completamente eliminados por el Gobierno de Carlos Menem a partir del año 1991. Sin embargo, el kirchnerismo reintrodujo los impuestos en 2008 con una tarifa inicial del 10%.
La alícuota se quintuplicó al 50% a partir de 2014 para autos importados y 30% para los fabricados en el país. Más tarde los impuestos fueron rebajados al 20% respectivamente durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, pero Alberto Fernández nuevamente aumentó las escalas hasta el 35%.
Por otra parte, la Argentina aplica un arancel consolidado del 35% sobre los automóviles importados, la máxima tarifa que permite aplicar el Mercosur para países de extra-zona. Esto provoca un gran problema de “desvío de comercio” a través del cuál Argentina importa autos de Brasil u otros países, en lugar de destinos más convencionales por razones de productividad como Alemania, Estados Unidos y Japón.
La protección arancelaria abarata relativamente las exportaciones de Brasil (en este caso de autos) pero solo por un efecto artificial, ya que en ausencia de barreras discriminatorias (si todos los países fueran tratados con los mismos aranceles) entonces la composición de las importaciones argentinas sería distinta.
