En su último comunicado oficial tras alcanzar un acuerdo técnico con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional reclamó “fortalecer los controles de gasto” y, entre otras cosas, contener la masa salarial, una mayor racionalización de las transferencias corrientes a provincias y, lo que nos ocupa en esta nota, a las empresas estatales.
Ocurre que las empresas públicas mantienen a lo largo del último año un déficit operativo que viaja a una velocidad crucero superior a los 5.000 millones de dólares anual desde hace un año (ver infografía). Pero a pesar de las pérdidas -explicadas en cerca del 50% por la importación de energía que se realiza a través de Enarsa- la masa salarial desde ya que no se achica significativamente.
El total de empleos en las empresas públicas se redujo levemente de 111.089 a 110.543, es decir un recorte de 546 puestos. Cerca de un 30% de los empleados de las empresas públicas se concentran en el sistema ferroviario, que a través de cinco compañías da trabajo a 30.507 personas, apenas 454 puestos menos que los 30.961 puestos observados un año atrás. Eso sí, el déficit operativo del sistema ferroviario no da señales de achicarse: hoy viaja más rápido que los trenes, a una “velocidad” de 3,2 millones de dólares por día. Un déficit que se explica porque el pasajero paga el 15% del costo real del viaje.
Lo notable es cómo el Gobierno hizo de la causa ferroviaria un permanente acto de campaña política. En algunos casos, inaugurando ramales o servicios que están bien lejos de cumplir lo prometido. Un caso: el tren a Mendoza. Se “inauguró” en marzo de este año y recién cumplió un viaje (29 horas y pocos pasajeros) en junio. Ahora se anunciaron tres viajes para septiembre.
Detrás de las cifras de empleo en el conjunto de empresas públicas se destacan dos casos opuestos: el crecimiento de 494 puestos en el plantel de Aerolíneas Argentinas, que ahora emplea a 11.920 personas, y la caída de 810 puestos, a 17.177, en el Correo Argentino.
El Banco Nación sumó 302 empleados y legó a los 17.774 puestos de trabajo. En plena era de la digitalización financiera y cuando el sistema financiero en su conjunto está achicando puestos y sucursales. Y el crédito cayó.
Todos estos datos surgen del último informe del INDEC sobre dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades controladas por el Gobierno nacional, que corresponde a junio de este año. Las variaciones de empleo que se incluyen en este artículo surgen de comparar este informe con el primero, difundido en julio de 2022.
El informe aclara que las cifras corresponden al total de la dotación de cada período, independientemente del tipo de relación laboral. Es decir que hay trabajadores estables y contratados. Las cifras son suministradas, bajo declaración jurada, por las propias empresas.
En cuanto al déficit operativo, en junio de este año alcanzó los 5.378 millones de dólares midiendo el acumulado de los últimos doce meses.
En el último informe del sector público base caja, la Secretaría de Hacienda informó que en junio de este año transfirió a las empresas públicas, bajo el concepto “déficit operativo empresas públicas, $ 138.573 millones de pesos. Al tipo de cambio oficial promedio de ese mes ($248) la cifra equivale a 559 millones de dólares. Tomando las transferencias acumuladas entre julio de 2022 y junio de 2023, las transferencias para cubrir el déficit operativo llegaron a los US$ 5.378 millones.
Los presupuestos presentados por las empresas públicas a principios de año indicaban que este año esperaban recibir transferencias directas del Tesoro por 1.13 billones de pesos. Al momento de presentarse dichos presupuestos, la cifra equivalía a US$ 5.051 millones. Que ese monto suba o baje dependerá, básicamente, de lo que gaste Enarsa en importar energía, que como se sabe, la compra a un precio mayor al que la vende al mercado interno. También de la inflación, porque gatillará mejoras salariales por arriba de lo presupuestado.
En cualquier caso, sería una rareza que las empresas reduzcan el monto de las partidas que van a recibir. En la administración pública se tilda como ineficiente al área que no consume todos los fondos asignados.
Un caso distinto podría ser Aerolíneas Argentinas. A principios de año tenía presupuestado recibir transferencias por 90.000 millones de pesos en todo el año, a razón de $ 22.500 millones por trimestre. Pero en las planillas oficiales aún no figuran desembolsos. Fuentes de la compañía le dijeron a Clarín que hasta ahora la empresa recibió dos desembolsos de 6.000 millones de pesos. El crecimiento en la venta de pasajes que está observando la empresa posiblemente le ayude a achicar las pérdidas que en los últimos años oscilaron entre los 600 y los 300 millones de dólares por año. Sobre la incorporación de personal, señalaron que están recuperando puestos que habían achicado entre 2020 -pandemia- y 2022.
Igual, Aerolíneas Argentinas es señalada como una empresa aérea sobredimensionada en personal y no deja de llamar la atención que siga incorporando gente a pesar de que los déficits operativos -mayores o menores según el año- son una constante.
En definitiva, las empresas públicas,que suelen pagar salarios más altos que el promedio incluso de los sueldos estatales, están lejos de acercarse a algo parecido a un “ajuste”. Y eso se siente en las cuentas públicas. Es posible que el reclamo del FMI pase de largo.
