Los controles de precios sobre combustibles y servicios de medicina prepaga están provocando estragos, a medida que los costos siguen aumentando con los ingresos congelados. Se descuenta un severo impacto sobre el sistema de salud y el sistema energético.
El ministro de Economía Sergio Massa convalidó una serie de congelamientos sobre precios “estratégicos”, después de la caótica devaluación anunciada en la tercera semana del mes de agosto.
El Gobierno kirchnerista decretó el congelamiento de los precios del combustible hasta el 31 de octubre, y las cuotas de la medicina prepaga por un período de 90 días. Todo esto por no mencionar que, además, las empresas deberán hacerse cargo de un bono obligatorio de suma fija por $60.000, que llegó sin previo aviso y sin permitir ninguna capacidad de adaptación.
El equipo económico permitió una actualización inicial del 12,5% para las empresas petroleras antes de decretar el congelamiento, muy por debajo de la devaluación del tipo de cambio oficial (del cual dependen sus principales insumos). En consecuencia, las principales refinadoras del país volvieron a introducir cupos para la venta de combustibles a las estaciones de servicio.
El ajuste por cantidades vía racionamiento no es más que la respuesta natural a la represión del ajuste por la vía de los precios, que el ministro Massa se niega a sincerar. Los congelamientos serán igualmente perjudiciales tanto para las empresas como para los consumidores.
Se estima que el precio que efectivamente se percibe en las estaciones de servicio resulta entre un 10% y un 15% más barato de lo que cuesta el precio mayorista (que sigue subiendo), generando así una situación completamente insostenible para las energéticas.
Por otra parte, las empresas de medicina prepaga denunciaron las medidas del kirchnerismo como una “aberración”. Mientras que los costos siguen subiendo al ritmo de la inflación (y los costos salariales se vieron potenciados por el decreto de suma fija), los ingresos serán virtualmente congelados en términos nominales.
Las empresas prestadoras alertan por el desabastecimiento de insumos médicos básicos, desde materiales descartables hasta placas de radiografía. Esta situación se agrava todavía más considerando las limitantes regulaciones sobre las importaciones, a partir de las licencias no automáticas (LNA) y los cupos o retrasos que se fijan desde el Banco Central.
La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) advirtió que los centros de salud están operando con una disponibilidad verdaderamente crítica de insumos. Faltan jeringas, agujas, placas radiográficas y material de contraste, pese a todos los intentos de racionamiento que llevan a cabo los profesionales de la salud.
La Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim), que nuclea a un total de 420 entidades de salud privada en todo el país, también alerta por las dramáticas determinaciones del ministro Massa.
Nuevamente, la represión sistemática del sistema de precios en un contexto violentamente inflacionario sólo profundiza los faltantes en todo el país. La falta de insumos deteriora la calidad de los servicios en perjuicio de los usuarios que el Gobierno pretende proteger, por ejemplo por el retraso en los estudios de tomografías, diagnósticos tempranos por cáncer y enfermedades cardiovasculares e incluso los faltantes de prótesis y stents coronarios.
