La aplicación efectiva de las sumas fijas para los asalariados formales resultó mucho más caótica de aplicar de lo que pensaba el oficialismo. Tras los anuncios de Massa, la ministra de Trabajo Kelly Olmos confirmó que las personas que hayan accedido a este bono especial ya no podrán comprar dólares legalmente.
Se trata de una restricción sobre acceso al “dólar ahorro” (un pequeño mercado en el que solo accedían unas 700.000 personas). Y si bien desde un principio la Ministra de Trabajo confirmó que las restricciones también alcanzaban a la operatoria con MEP, más tarde la Comisión Nacional de Valores (CNV) a través del presidente Sebastián Negri contradijo a la Ministra, y anticipó que este último segmento del mercado no se verá alcanzado.
Aún aunque estas personas no decidieron si percibir o no el bono (fue una imposición directa del Estado), de todos modos deberán atenerse a las nuevas regulaciones restrictivas por el plazo de duración de las sumas fijas hasta noviembre. El objetivo del Gobierno kirchnerista es evitar que estas sumas fijas se pasen al dólar, incrementando todavía más la presión sobre el Banco Central.
Las recientes medidas del kirchnerismo solo alientan activamente el traslado de la brecha cambiaria del segmento oficial al mercado paralelo. El dólar blue abrió la jornada del día martes con una fuerte suba superior a los $17 con respecto al cierre del lunes.
Como si toda esta operatoria no fuera ya suficientemente caótica, el equipo de Massa añadió un nuevo conflicto con las Provincias: quiere que el costo de financiamiento para las sumas fijas que le corresponde al Estado, se traslade a las jurisdicciones locales (incluyendo las municipalidades).
El bono de $60.000 para trabajadores en relación de dependencia dentro del sector público no serán abonados por el Gobierno nacional, las Provincias y los municipios deberán hacerlo en caso de que quieran sumarse a la medida que anunció Massa. Esto incluye un total de 2,2 millones de personas.
La maniobra esconde un intento desesperado por no incumplir la meta fiscal programada para fin de año con el FMI, que se limita a restringir el déficit primario del Sector Público Nacional (SPN), y no el de las Provincias ni las jurisdicciones locales.
Las provincias con una mayor relación de empleados públicos con respecto al total de trabajadores locales se verán mucho más expuestas, entre ellas Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, Neuquén y Santa Cruz.
Los gobernadores no estarán obligados a adherirse a la suma fija, pero en caso de que no lo hagan, los trabajadores en el sector público perderán los beneficios que anunció Massa en “compensación” por la devaluación de agosto.
