Javier Milei aumentará el financiamiento de los planes sociales, eliminará a los intermediarios de los programas y bancarizará el proceso. Es la única cartera que tiene luz verde para gastar y pedir más fondos bajo la orden de “no dejar a nadie atrás”.
En ese sentido, el aumento que planea el Gobierno en las partidas sociales de la secretaría de Niñez y Familia, que está dentro del Ministerio de Capital Humano, será en base al presupuesto prorrogado de 2023. Para este año, la cartera tenía adjudicados $1.169.156.152.175.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció ayer que duplicarán el valor de la Asignación Universal por hijo (AUH) y que aumentarán en un 50% la tarjeta Alimentar.
Al respecto, un funcionario muy cercano a Milei le expresó a TN: “Vamos a borrar a los intermediarios y a financiar expansivamente la cartera. Se van a mantener los planes actuales, pero bajo otra lógica”.
En esa línea, agregó: “El que va a regular qué se hace con esa plata va a ser el Estado y no un tercero que arma poder en base a la plata que recibe”.
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El sistema de bancarización de los planes sociales se realizó en 2005 bajo la gestión de Néstor Kirchner. El modelo luego dio vuelta atrás.
Se trata de entregar directamente el monto asistencial a los que lo necesiten, de forma que se saltea a las organizaciones descentralizadas y movimientos sociales que reciben fondos del Estado para funcionar.
Un dirigente de la mesa chica del presidente expresó: “Lo que vamos a eliminar es a los punteros que se arman cooperativas falsas para truchar las horas de trabajo de los beneficiarios y quedarse con una comisión de los planes”.
“Bajo la lógica de darle el monto directamente a la gente, vamos a intentar cortar con la corrupción y con las pérdidas que nadie registra. De esa forma, los asistidos van a recibir mucha más plata que la que les llega ahora”, amplió.
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El refuerzo en la ayuda social que le encomendó Milei a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, va en línea con la crisis hiperinflacionaria que prevén en las filas del Gobierno.
De esa forma, para reducir el gasto público del Estado, el presidente puso a cargo del jefe de gabinete, Nicolás Posse, la radiografía de los bienes del país.
El jefe de Estado dio la orden de no renovar los contratos de planta transitoria en los ministerios y exigió la presencialidad de todos los trabajadores. “Esto va a reducir el empleo público en un 10%”, manifestó un referente.
El primer mandatario considera que hay varios trabajadores del Estado que no van a las oficinas y que siguen cobrando el sueldo. Un funcionario le contó a este medio que ayer encontraron más de 3500 empleados nuevos, que no figuraban en el organigrama, en un ministerio de menor tamaño.
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En la auditoría general que orquestará Posse, cada ministro deberá rendirle cuentas de la estructura de su cartera. “Por cada irregularidad, va a haber una intimación para citar al empleado y si no se presenta, se lo desafectará”.
Además, según relató un referente del Gobierno, ofrecerán despidos voluntarios y echarán a todos los que no hayan entrado por concurso, como a los que tengan irregularidades en los ingresos y faltas injustificadas.
En La Libertad Avanza, estiman que recién en marzo podrán arrancar con la segunda fase de la reforma, la modernización del Estado. Sobre lo recortado, detallarán las funciones del organigrama final y finalizarán la reestructuración de los entes desregulados.
De esa forma, le adelantaron a este medio que “el presupuesto de 2024 va a estar centrado únicamente en nuestro eje de gobierno: la pata fiscal”. También, advirtieron que planean implementar un seguro de desempleo como el de la UOCRA durante un año.
