La República Argentina deberá pagarle US$16.000 millones al fondo Burford por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a la petrolera Repsol y al grupo Eskenazi.
Sin embargo el costo para el Estado por aquella decisión será todavía mayor. Llegará a unos US$ 27.000 millones según estimaciones privadas.
¿Cómo se llega a esa cifra?
Básicamente por la suma de tres componentes. Primero el resarcimiento a Repsol ya pagado en su momento por US$ 5.000 millones tras haberle quitado sus acciones. A eso se le suman unos US$ 6.000 millones por los intereses devengados de los bonos otorgados a Repsol (que los vendió casi inmediatamente). Finalmente (tercero), la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dictó ayer que además el Estado deberá pagar US$ 16.000 millones por no haber hecho la oferta pública en el momento de expropiar. La cuenta en total suma unos US$ 27.000 millones.
Desde el punto de vista técnico hay quienes no computan los US$ 6.000 millones de intereses (el segundo ítem de la cuenta) ya no se trata de parte del precio de la expropiación sino del riesgo país. Ademas buena parte de los pagos fueron defaulteado y canjeados en 2020 por títulos con cupones más bajos.
Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires y entonces viceministro de Economía que justificó y lideró el proceso de expropiació, en su momento aseguró que no iba a ver tal perjuicio contra el Tesoro. Se hablaba de unos US$ 10.000 millones (ver más aabajo).
“Los números de los que estaban hablando los propios directivos de manera muy imprudente acerca del valor de la compañía van a ser revisados a medida que podamos conocer los vericuetos y la información secreta que la empresa manejaba”, dijo Kicillof en 2012 sobre lo que pedía Repsol que -además- señaló una posible deuda por daños ambientales.
“Sólo desde adentro conoceremos cuáles son los pasivos ambientales, que con seguridad muchos de ellos no han sido expuestos”, dijo Kicillof. “El valor lo va a determinar el Tribunal de Tasación”, afirmó Kicillof.
La medida para compensar a los demandantes (Burford Capital y Eton Pak) que fijó la justicia de EE.UU. sería el precio de la oferta pública que el Estado hubiera tenido que hacer en 2012, cumpliendo los estatutos.
El ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay lleva una cuenta de otras decisiones que Kicillof que resultaron con el tiempo costosas para el Tesoro como demorar el juicio de los holdouts, firmar un acuerdo con el Club de París sin un artículo IV del FMI, el cupón PBI y la reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Según Prat-Gay “el costo fiscal de Kicillof es en total US$ 49.435 millones”. Pero sólo de YPF fueron US$ 27.000 millones.
