El grupo inversor CIMA SA adquirió la deuda que la empresa Vicentín mantenía con un grupo de bancos internacionales, en el marco del proceso de concurso preventivo que tramita desde 2020 en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del magistrado Fabián Lorenzini.
La operación, que conlleva USD 447.194.396,91, fue formalmente notificada en el expediente judicial este 17 de diciembre de 2024, luego de concretarse el 12 de noviembre.
CIMA adquirió acreencias por USD 447 millones y toma un rol decisivo en el concurso de la agroexportadora. El proceso judicial, en manos de la Corte Suprema de Santa Fe, podría derivar en un cramdown
Según informó el grupo inversor, la transacción incluye créditos cedidos por varias entidades financieras del exterior. Contando con acreencias verificadas de IFC por USD 205.785.014,45, FMO por USD 122.278.129,55, ING por USD 46.429.718,73, Rabobank por USD 22.781.133,64, MUFG por USD 12.381.296,09, SMBC por USD 12.381.296,09 y Natixis por USD 9.934.586,27.
La intervención de CIMA pone al grupo inversor como el principal acreedor del concurso. En un comunicado oficial, resaltaron que la operación busca “contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial, que ya lleva cinco años, y trabajar en una solución que permita reactivar a la mayor compañía del sector agrícola de bandera argentina”.
El concurso preventivo de Vicentín se halla actualmente en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe decidir si normaliza el plan de pagos presentado por la agro-exportadora o si habilita la apertura del cramdown, un mecanismo que permitiría el ingreso de un tercero para competir con la propuesta original. En este panorama, CIMA informó que inició “diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual cramdown”.
Para explicar el cramdown es un proceso que permite a acreedores u otros interesados presentar propuestas alternativas para reestructurar la deuda o directamente hacerse con la propiedad de la empresa, en caso de que la oferta inicial sea rechazada o no logre las mayorías requeridas. Durante este proceso, otras partes pueden proveer esquemas de pago a los acreedores, con el objetivo de quedarse con los activos de la empresa en conflicto.
