Cuando el presidente Lula se reunió con Xi Jinping en Beijing el 14 de abril, acompañado de una nutrida delegación de empresarios, políticos e incluso sindicalistas, el Gobierno brasileño celebró la visita como el inicio de un cambio de época en las relaciones con China, tras la era Bolsonaro.
En esa ocasión, los dos dos presidentes firmaron 15 acuerdos de cooperación. Más allá de los temas genéricos anunciados en la ceremonia de la firma, como el “Memorando de Entendimiento para la Promoción de la Inversión y la Cooperación Industrial” y el “Memorando de Entendimiento sobre la Mejora de la Cooperación para la Inversión en la Economía Digital”, los detalles de esos acuerdos nunca fueron revelados. El tono siguió siendo genérico incluso en relación con la posible – y discutida – adhesión de Brasil a la llamada Nueva Ruta de la Seda. Al menos en la narrativa propuesta al gran público quedó en segundo plano, por temor de Brasil tal vez molestar a Washington. “Brasil y China han expresado su interés en profundizar las sinergias entre las políticas de desarrollo y los programas de inversión de Brasil, incluidos los esfuerzos de integración sudamericana, y las políticas de desarrollo y las iniciativas internacionales de China, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta”, dijeron Lula y Xi en su declaración conjunta.
Sin embargo, ocho meses después, de hecho, Brasil parece haber abrazado plenamente la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), como demuestran una serie de iniciativas que han suscitado controversia y debate público. La BRI, introducida en 2013, ha sido hasta ahora la principal estrategia de política exterior de Pekín, que utiliza sus empresas estatales para financiar redes de infraestructuras en el extranjero sólo en función de su agenda política y económica. El objetivo de China es lograr el liderazgo mundial. En 2015, Xi complementó la BRI con la Ruta de la Seda Digital (DSR en inglés) centrada en infraestructuras como las telecomunicaciones, el comercio electrónico y las tecnologías digitales para mostrar cómo la conquista del mundo por parte de China avanzaba realmente a 360 grados. Pero la BRI ha desatado críticas en todo el mundo y muchos países la han rechazado o se han echado atrás en el último momento, como ocurrió recientemente con Italia. China, que, recordemos, está gobernada por un régimen dictatorial, utiliza la BRI para ampliar su monopolio, crear dependencia política y aprovecharse de los recursos de los países que se han adherido al programa. El mayor peligro es la amenaza al llamado Golden Power, es decir, la capacidad y voluntad de un Estado de proteger activos que considera estratégicos para su seguridad nacional, como por ejemplo sus infraestructuras eléctricas.
Por eso fue un terremoto que, a mediados de diciembre, el gigante energético chino State Grid ganara la mayor subasta de la historia de Brasil para las redes de transmisión del país, con un valor total de inversión de 21.700 millones de reales, es decir 4.472 millones de dólares. Así, la principal empresa energética estatal china, que cubre el 88% del territorio del país asiático, construirá 1.468 kilómetros de líneas en 72 meses, incluida una línea de extra-alta tensión de 800 kV CC, en los estados norteños de Maranhão, Tocantins y Goiás. Según informa el sitio de noticias económicas Brazil Journal, los demás participantes se quejaron y acusaron a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) de favoritismo hacia State Grid. “El lote 1, el mayor de los tres puestos a la venta, se diseñó para que lo ganaran los chinos”, dijo un inversor que sigue el sector al Brazil Journal. “Las bases de la licitación imponían un tipo de tecnología y el único proveedor de esta tecnología en Brasil son empresas chinas”. Se trata de un sistema de corriente continua conocido como HVDC (corriente continua de alta tensión). “Pero el sistema elegido por ANEEL era una tecnología HVDC antigua, que ya casi no se utiliza en nuevos proyectos de transmisión y que sólo usan los chinos”, explicó el inversor.
Además, esta semana, una delegación de empresarios y representantes del gobierno chino se reunió con el ministro de Agricultura del gobierno Lula, Carlos Fávaro. Según informa el diario Folha de São Paulo, el objetivo de la visita es un proyecto de inversión de Pekín en la recuperación de suelo brasileño considerado degradado, es decir, poco productivo, a cambio de una garantía de que lo que se produzca en ese suelo se enviará exclusivamente a China. Según la prensa brasileña, el Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDES) también estaría estudiando una línea especial de financiación para facilitar el proyecto. Sin embargo, muchos temen que esto institucionalice un peligroso mecanismo de dependencia de Brasil respecto a China que, preocupada por su seguridad alimentaria, controlaría de hecho una parte importante de la producción agrícola del país sudamericano. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente se trata de 140 millones de hectáreas equivalentes al 16,5% del territorio nacional. Es importante recordar que Brasil tiene su propio programa de recuperación de tierras, PronaSolos, que hasta ahora sólo ha cartografiado el 5% de la superficie interesada. Por ello, muchos se preguntan por qué no se invierte en este programa nacional en lugar de ceder parte de la producción nacional a los chinos. Es cierto que, según cálculos del Ministerio de Industria y Comercio brasileño, si no fuera por China, las exportaciones brasileñas se habrían desplomado un 3% en 2023, y es una realidad que este año las exportaciones de Brasil a China superaron los 95.000 millones de dólares. Pero la línea que separa la realpolitik de una penetración china cada vez mayor y con características cada vez más depredadoras parece cada vez más tenue.
Basta decir que la competitividad de China, debida a unos costos laborales muy bajos, ha empezado a erosionar fuertemente el mercado brasileño, sin que se prevea limitarla en favor de la producción nacional. El sector siderúrgico, como es el caso de Aperam, productor de aceros inoxidables, está suspendiendo las inversiones de su producción en Brasil debido a la competencia del acero chino importado, con el consiguiente impacto, como ya se ha visto con la empresa Usiminas, también en la reducción de puestos de trabajo. El sector del automóvil teme una situación similar, ya que continúa la expansión de las empresas chinas de coches eléctricos, que controlan el 30% del sector en Brasil. En un mercado como el brasileño, donde siete de los diez mayores fabricantes de automóviles perdieron cuotas de ventas entre enero y octubre en comparación con el mismo periodo de 2022, los chinos BYD y GWM ganaron un 1,2% provocaron una “guerra de precios”. Simbólica fue la compra por la china BYD, en octubre pasado, de la fábrica de Ford en Bahía, considerada la puerta de entrada de la producción china en Brasil. Incluso la Reforma Tributaria aprobada hace quince días mantuvo los incentivos fiscales para el Norte, Nordeste y Centro-Oeste del país hasta 2032, medida que beneficia a la fábrica de BYD en Bahía. Incluso la petrolera nacional, Petrobras, anunció ayer que reabrirá su filial Petrobras China, cerrada durante el gobierno Bolsonaro. “Será una empresa brasileño-china”, dijo el presidente de Petrobras, Jean Paul Prates. Pekín compró en el tercer trimestre de este año el 40% del petróleo brasileño.
Por último, es importante mencionar la primera operación de swap en la moneda china yuan, realizada el 6 de diciembre entre Bank of China Brasil y el banco estatal brasileño Banco do Brasil (BB), que recibió un préstamo de 350 millones de yuanes, el equivalente a 50 millones de dólares. Se trata del primer préstamo en moneda china realizado entre instituciones bancarias de los dos países. Aunque la financiación en yuanes del Banco do Brasil no es explícitamente una operación gubernamental, la transacción forma parte de una serie de iniciativas de los gobiernos de ambos países para ensayar el comercio sin utilizar dólares. Cui prodest?¿A quién beneficia todo esto? Esa es la pregunta de muchos brasileños a medida que este año se acerca a su fin. La respuesta sólo estará clara en 2024, con los nuevos retos económicos y laborales a los que se enfrenta el gigante sudamericano.
