La promesa de Donald Trump de deportar a los inmigrantes sin permiso de residencia podría transformar el panorama económico de Estados Unidos. Según estimaciones, al menos 11 millones de personas podrían ser expulsadas del país, a lo que se sumarían otros tres millones en calidad de refugiados.
Este movimiento implicaría un golpe de proporciones similar a la crisis financiera de 2008, con pérdidas estimadas entre 1,1 y 1,7 billones de dólares, lo que representaría una caída del PIB de hasta el 6,8 por ciento.
La salida masiva de inmigrantes afectaría de manera directa al mercado laboral y al consumo interno. Capital Economics destaca que cuatro quintas partes del crecimiento del empleo en los últimos años se debe a la inmigración, un factor clave para contener la inflación y el desempleo.
Impacto económico y laboral
Sin esta fuerza laboral, sectores estratégicos como la construcción, la hostelería y la agricultura enfrentarían dificultades para suplir la mano de obra necesaria, lo que impulsaría un incremento de los salarios y, consecuentemente, una mayor inflación, estimada en un rango del 4% al 7% para 2027, según el Instituto Peterson.
La American Business Immigration Coalition agrega que la política de deportación masiva reduciría la recaudación fiscal federal en hasta 900.000 millones de dólares, al frenar tanto el consumo como el aporte tributario de la población inmigrante que sería obligada a dejar Estados Unidos.
Desequilibrios regionales
El impacto no sería uniforme a nivel nacional. Estados como California, Florida y Texas, que concentran una alta proporción de inmigrantes y dependientes de su fuerza laboral, experimentarían mayores disrupciones. Además, las grandes ciudades, donde reside la mayoría de esta población, se enfrentarían a un encarecimiento de los servicios básicos y a una posible fuga de capital humano.
Por otra parte, los expertos destacan que las deportaciones masivas podrían comprometer la competitividad internacional de Estados Unidos. Sectores clave como la tecnología y las manufacturas, que dependen de inmigrantes calificados, se enfrentarían a una contracción en la oferta de talento, afectando su capacidad para innovar y competir en mercados globales. Las restricciones a los flujos migratorios legales también desincentivarían la llegada de inversores extranjeros y la diversificación de la economía.
Competitividad
A nivel comercial, la reducción del consumo interno afectaría directamente a las cadenas de suministro, particularmente en bienes de consumo masivo y servicios. Este efecto cascada podría generar un impacto negativo en los negocios comerciales de América Latina y Asia, quienes dependen en gran medida de la economía estadounidense como motor de sus exportaciones.
El American Immigration Council advierte que el costo de implementar las políticas de detención y deportación, junto con las restricciones a la inmigración legal, ascendería a 88.000 millones de dólares anuales. Este gasto contrasta con los objetivos de reducción del déficit planteados por Trump y Elon Musk, jefe del Consejo Asesor, y supone un desafío adicional para las finanzas públicas.
