Tras la polémica toma de investidura del dictador Nicolás Maduro el 10 de enero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura; esto, luego de que ya reposaba una retribución de US 15 millones por el tirano, que ya había sido cobijado con cargos desde 2020 por presuntamente haber incurrido en narcoterrorismo y corrupción.
Y es que, según reposa en investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos y la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el dictador estaría vinculado a actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, así como a una presunta colaboración con estructuras criminales como el Cartel de Los Soles y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
De acuerdo con el informe de la justicia norteamericana, Maduro habría liderado el Cartel de Los Soles, una organización delictiva que habría operado durante más de dos décadas en asociación con las Farc, que llegó a posicionarse como una de las estructuras criminales más temidas en el territorio nacional.
Al parecer, dicha alianza habría facilitado el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos a cambio de armamento militar. De hecho, tal como reposa en el siguiente documento, el fiscal federal Geoffrey S. Berman había señalado en 2020 que esta relación constituyó una “asociación de narcoterrorismo” que buscaba inundar el mercado estadounidense con drogas mientras enriquecía a sus miembros.
Es importante anotar, además, que el informe judicial enfatiza en que Nicolás Maduro, junto con otros altos funcionarios venezolanos como Diosdado Cabello, Hugo Armando Carvajal y Cliver Antonio Alcalá, habría participado en una conspiración para coordinar el transporte y distribución de cocaína.
Según el documento, esta operación se llevó a cabo en colaboración con líderes de las Farc, como Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Seuxis Paucis Hernández, alias Jesús Santrich. Al parecer, la estructura criminal colombiana habría trasladado parte de sus operaciones a Venezuela bajo la protección del Cartel de Los Soles, lo que les permitió cultivar y procesar cocaína en regiones como el suroeste del territorio nacional, así como en la Serranía del Perijá.
