Comenzó el juicio que podría cambiar el futuro de la tecnología. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) junto a un grupo de fiscales generales de varios estados acusan a Google de prácticas anticompetitivas para mantener el monopolio de los motores de búsqueda.
Está predeterminado: cada vez que una persona usa por primera vez un dispositivo para buscar información en internet, se hace automáticamente a través de Google. Si bien el motor de búsqueda puede modificarse por otros como Bing, Yahoo! o Yandex, pocos usuarios deciden hacerlo.
Actualmente, Google concentra más del 90% de las búsquedas globales, un dominio que estableció un verbo que la sociedad ya adoptó: "googlear".
Esta actitud de los consumidores aparece en el centro del juicio antimonopolio más importante de los últimos 25 años en Estados Unidos. No se vio un caso tan crucial desde la demanda que el gobierno federal presentó contra Microsoft en 1998, por su dominio en el mercado de las computadoras personales.
"Este caso es sobre el futuro de Internet", dijo uno de los abogados que representa a Estados Unidos, Kenneth Dintzer, argumentando que, para el Departamento de Justicia, Google comenzó a mantener su monopolio de manera ilegal en 2010. La acusación asegura que pagaron miles de millones de dólares anuales a fabricantes de dispositivos como Apple Inc, empresas de telefonía móvil como AT&T y fabricantes de navegadores como Mozilla para mantener su motor de búsqueda en lo más alto.
Qué implica la demanda contra Google
El DOJ y sus aliados en el juicio no buscan la imposición de una sanción monetaria contra Google, sino lograr de manera judicial que la compañía deje de llevar a cabo lo que consideran como prácticas monopólicas y anticompetitivas.
"Esta demanda ataca el corazón del dominio de Google sobre internet para millones de consumidores, anunciantes, pequeñas empresas y empresarios estadounidenses sometidos a un monopolio ilegal", aseguró el ex fiscal general William Barr cuando se presentó el caso por primera vez en octubre de 2020.
El juicio se inició ante un tribunal federal de Washington DC, se espera que dure hasta 10 semanas e incluirá dos fases. En la primera, el juez Amit Mehta, quien fue nominado al cargo en 2014 por el expresidente Barack Obama, decidirá si Google infringió la legislación antimonopolio en su forma de gestionar las búsquedas y la publicidad en las mismas.
En caso de probarse esto, la firma matriz de Google, Alphabet, podría verse obligada a separar el servicio de búsqueda de otros como el sistema operativo Android o Google Maps
El juez Mehta tiene experiencia en casos antimonopolio. Se ocupó de la demanda que resultó en el bloqueo temporal de fusión de Sysco y US Foods por valor 3500 millones de dólares después de que los reguladores se opusieron al acuerdo. Las empresas desecharon el intento de fusión días después.
Recientemente, Mehta condenó a Stewart Rhodes, fundador de Oath Keepers, a 18 años de prisión por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, y presidió el juicio que resultó en la condena por desacato al Congreso de Peter Navarro, exasesor del exmandatario Donald Trump en materia económica.
El monopolio del buscador de Google es tal, que consolidó el verbó "googlear"
La defensa de Google
En su defensa, Google argumenta que su abrumadora cuota de mercado no se debe a que haya infringido la ley, sino a que es un motor de búsqueda rápido, eficaz y, sobre todo, gratuito.
Los abogados de la empresa argumentarán que los consumidores pueden eliminar la aplicación de sus dispositivos o simplemente escribir Bing de Microsoft, Yahoo o DuckDuckGo en un navegador para utilizar un motor de búsqueda alternativo. Asimismo, alegarán que los consumidores se quedan con este navegador porque confían en él para responder a sus preguntas y no los decepciona.
Según la empresa acusada, los acuerdos para la instalación de su motor de búsqueda en los navegadores de sus socios comerciales eran "competencia legítima" y no "exclusión ilícita". De esta manera, sostiene que no impidieron que los rivales desarrollaran sus propios motores de búsqueda ni imposibilitaron que empresas como Apple y Mozilla, el fabricante del navegador Firefox, los promocionarán.
En un escrito presentado en la corte en enero de este año, la compañía comunicó que los fabricantes de teléfonos y navegadores web establecieron la búsqueda de Google como su opción ‘de fábrica’ a fin de ofrecer a sus clientes la experiencia de "más alta calidad" disponible.
La defensa de Google dice que los dispositivos eligen su motor de búsqueda por defecto con el fin de ofrecerle "la más alta calidad" a los usuarios
El antecedente del juicio contra Microsoft
En 1998, el Departamento de Justicia, en esta ocasión acompañado por 20 estados y el Distrito de Coliumbia, apuntó contra Microsoft por ejercer prácticas monopolísticas. En concreto, los demandantes plantearon que Microsoft abusaba de su poder monopólico en ordenadores personales con núcleos Intel en cuanto a la gestión de las ventas del sistema operativo y del navegador web.
La cuestión central del caso era si Microsoft podía seguir vendiendo en un mismo paquete el navegador Internet Explorer y su sistema operativo Microsoft Windows. Se planteaba que la unificación fue la principal razón del éxito de la multinacional en la guerra de los navegadores, ya que cada usuario de Windows contaba con una copia del Internet Explorer.
El 7 de junio de 2000, la corte ordenó la división de Microsoft para resolver el problema. La sentencia dictaminaba que debía ser dividida en dos unidades separadas. Una responsable de producir el sistema operativo, y otra de producir otros componentes de software, como era el caso del navegador.
Microsoft no tardó en recurrir el fallo. Primero lo intentó con el Tribunal Supremo, pero este rechazó la apelación y la devolvió a la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que revirtió la sentencia del juez Thomas Penfield Jackson. Argumentaban que Jackson había tenido comportamientos poco éticos durante el proceso contra la compañía informática.
El juez se defendió: “Microsoft es una empresa con un desdén institucional tanto por la verdad como por las reglas de la ley que otras entidades de menor magnitud deben respetar. También es una empresa cuyos cargos ejecutivos no dudan en brindar testimonios superficiales para apoyar defensas espurias ante acusaciones de haber obrado mal”. Sin embargo, el magistrado no tuvo efecto. Otra jueza, Colleen Kollar-Kotelly, fue elegida como su reemplazo.
En septiembre de 2001 el Departamento de Justicia dio marcha atrás y anunció que ya no requería que Microsoft fuera dividida y que buscaría una forma de romper el monopolio menos drástica. La empresa, por su parte, decidió redactar una propuesta de acuerdo que permitiría a los fabricantes de PC adoptar software que no fuera de Microsoft.
Finalmente, en noviembre de 2001, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con Microsoft en el que se requería a la compañía que compartiera el funcionamiento de las aplicaciones de Windows. El 5 de agosto de 2002, Microsoft anunció que realizaría ciertas concesiones para posibilitar el acuerdo final antes del veredicto de la jueza. La magistrada Kollar-Kotelly emitió su sentencia aceptando la mayoría de lo propuesto en el acuerdo negociado.
