El pueblo de Chile rechazó por un 55,68% de votos negativos una segunda propuesta de nueva Constitución y de esta manera seguirá vigente el texto actual, heredado de la dictadura militar (1973-1990).
La opción de aprobar el nuevo texto, redactado por un órgano en el que la derecha y la ultraderecha tuvieron mayoría, obtenÍa el 44,32% de los votos, con más del 90% de las mesas escrutadas y con una tendencia muy marcada. El partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), que había respaldado el nuevo documento, fue el primero en reconocer los resultados y su líder, Javier Macaya, dijo que los chilenos "no quieren un cambio constitucional".
El proyecto de nueva Constitución fue escrito por un Consejo Constitucional dominado por una mayoría de miembros del Partido Republicano y Chile Vamos, la derecha tradicional chilena. y en caso de haber sido aprobado hubiera reemplazado a la elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), que tuvo una importante reforma en 2005 durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos y fue el centro de los reclamos ciudadanos en el estallido social de octubre de 2019.
Esto derivó en un primer proceso constitucional, redactado en su mayoría por convencionales de izquierda e independientes, que finalmente fue rechazado por 61% de los chilenos en un plebiscito el 4 de septiembre de 2022. El gobierno de Gabriel Boric, que respaldó junto con fuerzas de izquierda el voto "En contra", afirmó que no apoyará un tercer intento de sancionar una nueva carta magna.
“Nos guste o no nos guste, se cierra un proceso al menos en el corto y mediano plazo y eso fija certezas en Chile”, aseguró la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
Más de 15 millones de personas estaban habilitadas para sufragar en el país, además de otras 120.000 en el exterior.
Nueva Constitución de Chile: qué propone el nuevo texto
Aborto e igualdad de género
La interrupción voluntaria del embarazo es uno de los puntos más conflictivos de la nueva propuesta, que introduce un matiz con respecto de la Constitución vigente. El texto afirma que "la ley protege la vida de quien está por nacer", reemplazando por la palabra "quien" el "que" de la formulación original. Además, el texto nombra como "niño" a "todo ser humano menor de dieciocho años de edad" y habilita la "objeción de conciencia", un mecanismo que podría dificultar el acceso a la práctica.
Además, el nuevo texto incluye lo que suele llamarse la paridad de entrada; es decir, la garantía a la presentación de igual cantidad de candidaturas de mujeres como de hombres. Sin embargo, no asegura la paridad de salida, que garantiza que también los puestos resultantes estén repartidos de manera equilibrada.
Migración
La propuesta de Constitución habilita la expulsión de los inmigrantes ilegales, cuando afirma que: "La ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos".
Vivienda
Sobre el acceso a la vivienda, el nuevo texto afirma la promoción de "acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con referencia de acceso a la vivienda propia", aunque introduce una novedad: por primera vez, se elimina el pago de impuestos y contribuciones sobre la vivienda. "El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial".
El ministro de Hacienda actual, Mario Marcel, afirmó en septiembre de este año que "el 50% de la recaudación de impuesto patrimonial viene de las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa, son todas del barrio alto de Santiago", para argumentar que se trata de un impuesto progresivo.
Salud, educación y pensiones
Tanto en materia de salud, como de educación y pensiones, el nuevo texto no introduce mayores cambios al respecto de la Constitución vigente y sostiene un esquema mixto. Sus críticos afirman que así se "institucionaliza" un sistema de fuerte fragmentación social.
En el caso del sistema de salud, el mismo se divide en un sistema público, que abarca al 83% de la población, con grandes deficiencias y listas de espera de hasta dos millones de personas; y el sistema privado, de gran nivel, pero en el que se atiende apenas un 17% de la población.
En el caso de la Educación, el esquema se repite, con apenas un 9% de la población accediendo al sistema privado, y un 91% relegado a un sistema público con muchos problemas. En relación con las pensiones y jubilaciones, se refuerza el sistema actual y queda descartada la posibilidad de un sistema de reparto.
