La disputa por la expropiación de YPF sigue sumando capítulos. Ahora, la justicia de EE.UU. ordenó que funcionarios de Milei y Alberto Fernández entreguen chats para intentar conseguir pruebas y avanzar con embargos de activos para cobrar la sentencia.
Así lo informó el analista de Latam Advisor, Sebastián Maril, que sigue de cerca los detalles del caso. Por pedido del bufete inglés Burford Capital, principal ganador de la demanda, la jueza Loretta Preska intentará demostrar la figura del “alter ego”, o que el Estado y la empresa son lo mismo.
“Lo que está pidiendo la justicia es una serie de mensajes que cumplan con ciertas palabras clave, que se van a decidir la semana que viene, sobre empresas de interés como el Banco Central, YPF o Enarsa”, explicó Maril.
Esto sucede en medio de la causa por la expropiación de YPF, en la que la Justicia estadounidense falló en contra de la Argentina y la obliga a pagar US$16.000 millones. Las partes se venían peleando como consecuencia de que la Argentina, Banco Nación e YPF no querían entregar toda la documentación que los beneficiarios del fallo pedían.
Maril sostuvo que “los beneficiarios quieren probar que el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central, ARSA y Enarsa son lo mismo que la República Argentina, así pueden embargar sus activos. Pero no se puede avanzar si no entregan documentos”.
Es en este contexto que la jueza Loretta Preska, a cargo del caso por la estatización de la mayoría de las acciones de la petrolera YPF, ordenó a la República Argentina que entregue los mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de funcionarios y ex funcionarios -entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa- para intentar probar que hayan manejado los precios de los combustibles.
En concreto, la orden salió del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde ya se condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
La semana pasada, además, la Argentina hizo una presentación ante la justicia de Estados Unidos para evitar perder acciones de YPF. La carta enviada por los abogados que representan al país toma de referencia el fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en el caso Attestor Master -que confirma el embargo de activos soberanos-, ya que “respalda el caso de la Argentina al tratar de impedir la entrega de acciones de YPF a los acreedores judiciales”.
