La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona impulsó la investigación del caso del avión venezolano que aterrizó el lunes pasado en Ezeiza con cinco iraníes: pidió investigar si los tripulantes tienen vínculos con el terrorismo y solicitó que se decrete el secreto del sumario, medida que el juez tomó pocos minutos después.
Incardona presentó su requerimiento de instrucción (paso necesario para que comience toda causa penal) ante el juez Federico Villena, que esta mañana ordenó que se les retuvieran los pasaportes a los ciudadanos iraníes. Además, el juez había dispuesto ayer -en una resolución previa que se mantuvo en reserva- que se les tomaran las huellas digitales en el hotel donde están alojados, el Plaza Canning Dessing.
La fiscal presentó el requerimiento de instrucción, elemento necesario para que comience una causa penal, ya que consideró que hay elementos de sospecha suficientes para investigar el episodio, tales como la llegada del avión a la Argentina, el plan de vuelo y su cargamento.
Además, el juez pidió que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le informe cualquier movimiento que se produzca sobre la aeronave venezolana, ya que, hasta el momento, el avión no tiene prohibido salir del país.
Cómo fue el caso del avión iraní detenido en Ezeiza
El Boeing 747 pertenece a la aerolínea iraní Mahan Air y está sancionado por Estados Unidos. Provenía de Caracas y viaja bajo bandera venezolana. El aparato aterrizó el lunes 6 de junio en Córdoba por la densa niebla que había en Buenos Aires. Luego se dirigió al aeropuerto internacional de Ezeiza.
Según trascendió, servicios de inteligencia locales recibieran una alerta de Uruguay después que el país vecino se negara a aprobar su ingreso para el reabastecimiento de combustible.
Las autoridades locales detuvieron la aeronave y a la tripulación, de 19 personas, entre ellas los iraníes Mohammad Khosraviaragh; Gholamreza Ghasemi; Mahdi Mouseli; Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi.
El avión tenía marcas de identificación de Emtrasur, una filial de la aerolínea nacional de Venezuela (Conviasa), también bajo sanciones estadounidenses desde febrero de 2020. Según dijeron, venían al país a traer autopartes.