La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó el largamente esperado informe sobre las violaciones de derechos en la región china de Xinjiang, a pesar de la gran presión ejercida por Beijing para que no se publique.
En el informe de 48 páginas, la ONU denunció al régimen chino por cometer graves violaciones a los derechos humanos en esa región.
Entre otros detalles, las conclusiones del informe resaltan que el China "ha cometido graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación por parte del Gobierno de estrategias de lucha contra el terrorismo y el ‘extremismo’".
"La aplicación de estas estrategias y de las políticas asociadas en la RAE de Xuan ha dado lugar a pautas intercaladas de restricciones graves e indebidas de una amplia gama de derechos humanos. Estos patrones de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes suelen afectar directa o indirectamente a los uigures y a otras comunidades predominantemente musulmanas", agregó el reporte.
En ese sentido, el informe destacó que "estas violaciones de los derechos humanos, tal y como se documenta en esta evaluación, se derivan de un ‘sistema de leyes antiterroristas’ interno que es profundamente problemático desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Contiene conceptos vagos, amplios y abiertos que dejan una gran discrecionalidad a los funcionarios para interpretar y aplicar amplios poderes de investigación, prevención y coerción, en un contexto de garantías limitadas y escasa supervisión independiente".
"Este marco, que es vulnerable a la aplicación discriminatoria, ha llevado en la práctica a la privación arbitraria de libertad a gran escala de miembros de uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas en XUAR en los llamados VETC y otras instalaciones, al menos entre 2017 y 2019. Incluso si desde entonces se ha reducido el alcance del sistema VETC o se ha liquidado, como ha afirmado el Gobierno, las leyes y políticas que lo sustentan siguen vigentes", denuncia el informe.
El informe se centra en la situación de los derechos humanos de los uigures, una minoría asentada en la provincia noroccidental de Xinjiang y que el régimen chino ha reprimido por décadas porque considera que es un vivero para el extremismo. Desde hace años, esta región es objeto de una vigilancia draconiana.
En 2018 se descubrió que el régimen de Xi Jinping internó a más de un millón de uigures y miembros de otras etnias musulmanas locales en "campos de reeducación" en Xinjiang, y ha impuesto "trabajos forzados" y "esterilizaciones".
China desmiente estas acusaciones y presenta estos "campos" como "centros de formación profesional" para combatir el extremismo religioso.
