La Policía Federal brasileña investiga la fuga de varios ciudadanos de ese país a la Argentina, quienes están implicados en el ataque del 8 de enero de 2023 al Palacio de Planalto —sede la Presidencia— en el que se denunció un intento de golpe de Estado contra el presidente electo Inácio Lula da Silva. En Brasil sospechan que al menos 8 personas de las que cruzaron la frontera podrían pedir asilo político al gobierno de Javier Milei.
La PF lanzó el jueves de esta semana un megaoperativo, llamado Lesa Patria, para capturar a 208 personas condenadas o investigadas por participar en los atentados y que son consideradas prófugas. De acuerdo a la información que publicó el diario O’ Globo en esa nómina figuran 65 imputados que huyeron a Argentina y que ahora serán objeto de un pedido de extradición.
La acción policial permitió el arresto de 49 de los que eran buscados en 18 estados. Según la columnista de ese medio periodístico, Bela Megale, el gobierno de Lula da Silva enviará los datos al Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga los actos golpistas de ese día que fueron provocados por los seguidores de Bolsonaro, para que emita las correspondientes órdenes de extradición. Esa tarea recaería en el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI), vinculado al Ministerio de Justicia.
Las órdenes las emitió el ministro Alexandre de Moraes, del STF, quien está a cargo de la investigación de los violentos hechos acaecidos en Brasilia hace casi 17 meses.
En poder de las fuerzas de seguridad brasileñas circula la información de que algunos de los prófugos le pedirán refugio a la administración de Javier Milei por la buena relación que mantiene con el expresidente Jair Bolsonaro. El ingreso a la Argentina -también otros habrían huido hacia Uruguay- habría sido a través de distintos medios: a pie por alguno de los puentes fronterizos, en baúles de vehículos particulares o por el río Paraná. Todas las filtraciones se produjeron en 2024.
Muchos de esos prófugos, algunos ya condenados y otros que todavía estaban bajo investigación, obviaron las barreras migratorias y se quitaron las tobilleras electrónicas que se les habían colocado para su seguimiento. En mayo, el portal UOL había consignado que el fiscal general de la República, Paulo Gonet, pidió que los prófugos sean incluidos en la notificación roja de Interpol.
El hijo de Bolsonaro, Eduardo, quien estuvo anteriormente en un par de oportunidades en la Argentina para manifestarle su apoyo a Milei e incluso fue invitado a la asunción presidencial del líder libertario en diciembre, participó el miércoles 29 de mayo en el Congreso de la Nación invitado por legisladores de La Libertad Avanza de un encuentro que se denominó “Censura, libertad de expresión y derechos humanos en Brasil” y que se desarrolló en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados.
Lo organizó la legisladora cordobesa del oficialismo María Celeste Ponce y Bolsonaro en diálogo con el diario Tiempo Argentino dijo que apoyaba la idea de una amnistía para los manifestantes de su fuerza política que por aquel ataque enfrentan juicios. “Hablo con toda seguridad porque soy abogado y policía federal antes que diputado: si salgo a la calle en Brasil y asesino a alguien, yo no me trago 17 años de prisión por nada. ¿Por qué entonces lo harían personas que nunca pisaron una comisaría?, manifestó.
En esa exposición en la que denunció que con Lula “Brasil vive una dictadura”, a Bolsonaro lo acompañaron los diputados nacionales brasileños Julia Zanatta, del Partido Liberal, Marcel Van Hattem, del partido Novo y la abogada Gabriela Ritter, de la Asociación de Víctimas y Familiares del 8 de enero (ASFAV).
