El nuevo Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, también conocido como la tasa a los ricos, que entró en vigencia en enero de este año, recaudó en España un 60% menos de lo previsto, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Hacienda y Función Pública español.
El Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez apuntaba a recaudar con este nuevo tributo 1.500 millones de euros al año, pero la cifra se ubicó en 623 millones de euros.
La baja recaudación de este impuesto se explica por dos motivos. El primero de ellos tiene que ver con un error del Ejecutivo español en el diseño del tributo, que permitió que los contribuyentes al momento de calcular cuánto tenían que pagar, pudieran restar el valor del impuesto sobre el patrimonio, con lo que los residentes en Comunidades Autónomas (CCAA) que bonifican total o parcialmente ese tributo, como Madrid o Andalucía, que lo bonifican al 100%, se vieran muy beneficiados, aunque realmente no pagaran nada.
De esta manera, si la suma de los impuestos hipotéticamente pagados superaba en un 60% los ingresos del contribuyente, se reducía en hasta un 80% la cuota a pagar por el impuesto a las grandes fortunas.
Desglose
El otro motivo tiene que ver con que otras Comunidades Autónomas como Cataluña decidieron aumentar el tipo de Patrimonio para recaudar ellas, en vez de dejarle la diferencia entre Patrimonio y Grandes Fortunas a las arcas del Estado nacional.
Pese al error del impuesto, las CCAA que más aportaron a este nuevo tributo fueron Madrid, Andalucía Y Galicia, además de los no residentes.El grueso de lo recaudado procede de los madrileños más acaudalados, que aportaron 555 millones de euros (casi el 90% del total), seguidos de los andaluces con 29,7 millones de euros y los gallegos, con 9,8 millones. Los contribuyentes de Ceuta, Melilla y los no residentes, todo englobado en un mismo ítem, aportaron 26,2 millones, según Hacienda.
En total, se recaudó dinero proveniente de 12.010 grandes fortunas (así consideradas aquellas que superan los 3 millones de euros) y que representan el 0,1% de la población. El Gobierno estimaba que contribuirían casi el doble, unas 23.000 personas.
