El pasado miércoles 24 de enero el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de emergencia en la totalidad del territorio debido a la crisis migratoria que se desarrolla en la frontera sur de los Estados Unidos, sumado a un claro quiebre en la relación con la administración Biden la cual ha impedido constantemente los esfuerzos Abbott por enfrentar a los mencionados migrantes.
Tras haber rechazado los reiterados pedidos por parte de la Casa Blanca de cesar con las medidas para que estos grupos de inmigrantes ilegales no ingresen al estado sureño, el gobernador se declaró en desacato y en consecuencia movilizó a la guardia nacional de Texas a la frontera dejando sin efecto las funciones del cuerpo de la guardia nacional federal, la cual responde directamente al presidente Joe Biden.
En medio de esta situación además, Abbott, se encuentra librando numerosas batallas judiciales contra la administración Biden por diversas causas, entre las que se encuentra la crisis migratoria. Una de estas mencionadas disputas legales resultó en el corte por parte de la administración federal del alambrado dispuesto por el gobierno de Texas y las boyas en el Rio Grande.
La disputa principal se originó cuando el gobernador Abbott, en decisión conjunta con el procurador general del estado Ken Paxton, decidió denegarle el acceso a la patrulla fronteriza al Parque Shelby, un distrito perteneciente a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, debido a la ineficacia de la fuerza federal a mantener la migración proveniente de México controlada permitiendo el ingreso de miles de inmigrantes ilegales cada día.
Frente a esta decisión, las acciones tomadas por el estado sureño consistieron en el despliegue de las fuerzas militares y de seguridad del propio estado de Texas, así como también en el cercado de la frontera con alambre de púas y boyas a lo largo del Río Grande para evitar que aquellas personas provenientes de México pudieran cruzar nadando dentro del territorio texano.
La situación comenzó a levantar temperatura cuando el gobierno federal con Biden y Merrick Garland a la cabeza, demandaron al estado de Texas por haberle quitado el manejo de la frontera a las fuerzas federales, sumándose a demandas previas existentes por parte de la administración nacional relacionadas con la autoridad que Abbott brindó a las fuerzas estatales de detener (para luego deportar o incluso enviar a ciudades demócratas) a inmigrantes ilegales en suelo texano.
Luego de acusaciones cruzadas entre la administración federal y el gobierno estatal, Abbott decidió emitir un comunicado en el cual informaba que la administración de Joe Biden decidió romper la relación entre los estados que componen al país y la Unión Americana, aclarando que desde Texas continuarán tomando medidas contra la inmigración ilegal con el fin de defender a los ciudadanos del estado sin importar la opinión del presidente.
Debido a esta situación, Biden decidió que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia para que tome cartas en el asunto, la cual falló a favor del gobierno de Biden demostrando una total traición a los ciudadanos de Texas. Dentro del fallo, los jueces John Roberts y Amy Coney Barrett (quien fue delegada por Donald Trump) se posicionaron con la decisión de los jueces liberales para favorecer al gobierno federal, ordenando a las fuerzas federales ingresar al Parque Shelby y cortar los alambrados que impiden el ingreso irrestricto de inmigrantes.
En respuesta a lo ordenado por la Corte Suprema, el gobernador Abbott replicó señalando que la administración Biden falló en la realización de sus tareas en proteger a los estados de la migración ilegal y que estas ineficiencias dispararon automáticamente una cláusula la cual otorga a cada estado el derecho a la defensa de su territorio, considerando la oleada de ciudadanos mexicanos; chinos y de otras nacionalidades, una invasión.
En consecuencia del comunicado emitido por Abbott, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, comandado por Alejandro Mayorkas le envió una carta el pasado martes al estado de Texas demandando que se le permita nuevamente el ingreso a las fuerzas federales al Parque Shelby, dándole hasta el día de hoy para emitir una respuesta.
Sin embargo, Paxton aclaró el pasado jueves que el estado de Texas no tiene intenciones de cumplir con los plazos que la administración federal le otorgó. El antecedente más cercano a la actual situación se dio en el año 2012, cuando la Corte Suprema también falló a favor del gobierno federal contra el estado de Arizona, por un caso que muestra bastante similitud al presente, en el cual las fuerzas estatales tomaron poder frente a la descalabrada migración en la frontera sur.
Las decisiones tomadas hasta ahora por el presidente Biden, así como las de su gabinete y amparadas por la Suprema Corte, han despertado un gran resentimiento dentro de la población texana, así como también en el resto del país, ya que un grupo de 25 estados se han posicionado a favor del reclamo del estado sureño.
Las reacciones por parte de todo el país se hicieron notar, ya que un grupo compuesto por 25 estados ha firmado un compromiso mostrando su apoyo en las acciones que Texas está tomando frente a la invasión de inmigrantes provenientes del sur del país. Este claro apoyo se da en el contexto de que muchos inmigrantes (entre los cuales se encuentran criminales) utilizan al estado de la estrella solitaria como puente para luego alcanzar otros estados del interior depreciando el valor de los mismos.
Dentro de los Estados Unidos, aquellos estados que brindaron su total apoyo se tratan de: Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, West Virginia y Wyoming. Esto se resume en medio país mostrando su disconformidad con la gestión de Joe Biden. A su vez, dicho grupo de estados anunció que enviará miembros de sus respectivas guardias nacionales estatales para brindar apoyo a las tareas realizadas en la frontera sur.
El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, entre otros gobernadores se expresó personalmente señalando que Texas tiene el absoluto derecho a defender sus fronteras, sumado a la reprimenda al gobierno federal por descuidar absolutamente las fronteras a nivel federal.
Desde el arco político, el ex-presidente y principal candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, destacó la labor de Greg Abbott y expresó que todo el pueblo americano debería acompañar el reclamo de Texas. Dichas declaraciones fueron acompañadas con la promesa de que en caso de resultar victorioso, se hará una operación para defender las fronteras estadounidenses de la invasión que se está produciendo en el país, además de deportar a todos aquellos que hayan ingresado al país de manera ilegal.
Quien también mostró su apoyo a las acciones tomadas por el gobierno texano, es el senador de Louisiana y candidato a presidente de forma independiente, Robert Kennedy quien aseguró que Texas está en lo correcto con las acciones tomadas y disparó contra Biden en su fracaso de proteger al pueblo estadounidense de la invasión que se produjo a través de la frontera sur.
| Texas se declara en desacato con el Gobierno federal de Joe Biden por no permitirle deportar inmigrantes ilegales y ordenarle derrumbar el muro de Trump.
— La Derecha Diario (@laderechadiario) January 26, 2024
El gobernador republicano Greg Abbott rechazó los pedidos de la Casa Blanca, declaró la emergencia fronteriza y moviliza… pic.twitter.com/bePCsiLVLl
