En un fuerte gesto de repudio a la jura en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos eleva a 25 millones de dólares la recompensa por la detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Actualmente pesaba sobre ambos un pedido por 15 millones de dólares.
“Hoy debiera estar asumiendo Edmundo González Urrutia y no Nicolás Maduro”, sentenció un alto oficial norteamericano, quien confirmó los detalles del nuevo paquete de sanciones impuesto por Estados Unidos.
Además, la administración de Joe Biden impondrá una recompensa de 15 millones de dólares contra el poderoso ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. De esta forma, buscan cercar y aumentar la presión económica y política contra la más alta esfera del gobierno venezolano.
A ambos se los acusa por distintos cargos relacionados al narcoterrorismo. Es la máxima recompensa ofrecida por el gobierno norteamericano, que busca enviar un mensaje muy fuerte contra el chavismo y en respaldo de Edmundo González Urrutia.
Por su parte, el Departamento del Tesoro impondrá nuevas y más sanciones económicas contra la línea de bandera Conviasa y otras empresas pertenecientes al Estado.
Mientras que otras 2000 personas sufrirán restricciones en el otorgamiento y uso de los visados norteamericanos. El año pasado ya se habían anunciado medidas similares.
Entre los funcionarios que son mencionados por el Departamento del Tesoro en el comunicado emitido el viernes 10 de enero, están algunos que fueron nombrados en tiempo reciente por Maduro. El texto hace referencia a Héctor Andrés Obregón Pérez, quien fue nombrado presidente de Petróleos de Venezuela en agosto de 2024; Ramón Celestino Velásquez Araguayan, Ministro de Transporte; y Félix Ramón Osorio Guzmán, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio del Interior, desde el 12 de noviembre de 2024.
Junto con estas sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea también emitió un comunicado en el que se refiere a nuevas medidas que tomará, luego de la jura de Maduro. “El Consejo ha decidido adoptar un nuevo paquete de sanciones específicas contra 15 personas responsables de socavar la democracia, el Estado de Derecho o los derechos humanos en Venezuela. El objetivo es apoyar una solución negociada y democrática a la crisis”, dice el documento.
“La UE no ha adoptado ninguna medida que pueda perjudicar al pueblo venezolano ni a la economía. La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades”, cierran desde el bloque regional.
