El presidente Donald Trump planea seguir utilizando la motosierra para el gasto estatal, reduciendo prácticamente a la mitad el presupuesto del Departamento de Estado y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Según informa The Washington Post citando un memorando interno gubernamental, los recortes que contempla la propuesta preliminar de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca dejarían un presupuesto total para el próximo año fiscal de 28.400 millones de dólares para todo el Departamento de Estado y la USAID, lo que representa un recorte de 27.000 millones de dólares, una reducción de un 48% de lo que había aprobado el Congreso para 2025.
Según el memorando, la asistencia humanitaria se enfrentaría a recortes del 54%, mientras que la financiación mundial para la salud se reduciría en un 55%. También el apoyo a las organizaciones internacionales se vería reducido en un 90% y, en ese sentido, se eliminaría la financiación para la ONU y la OTAN y otras 20 organizaciones.
Cuestionamientos
Por otra parte, organismos como el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Autoridad de Aviación Civil Internacional mantendrán sus presupuestos sin modificaciones.
El Departamento de Estado no emitió comentarios al respecto. Hasta el momento, no se sabe cuáles serán las instalaciones en el exterior que deberán cerrar, publica RTenespañol.
Tampoco está claro si los recortes previstos en el memorando interno serán aprobados por el Congreso, controlado por el Partido Republicano, ya que legisladores de varios estados han mostrado una fuerte oposición a las políticas de reducción del gasto público de Trump, quien busca reorientar la relación del país con el mundo redireccionando el financiamiento a organizaciones internacionales y de ayuda humanitaria.
Harvard
En tanto, la administración Trump cumplió con su amenaza de retirar la financiación federal a la Universidad de Harvard. Así, anunció el congelamiento de 2.200 millones de dólares en subvenciones plurianuales y 60 millones en contratos federales que habían sido antes asignados a esa universidad.
El grupo de trabajo conjunto para combatir el antisemitismo criticó a la universidad y la acusó de no asumir su responsabilidad civil en el uso de fondos federales, así como de permitir el acoso a estudiantes judíos. Según se sostiene allí, una reciente declaración de esa institución educativa refleja una mentalidad preocupante y una falta de acción ante la interrupción del aprendizaje en los campus.
