La organización de derechos humanos Iran Human Rights (IHR) aseguró esta semana que al menos 249 personas, entre ellas 10 mujeres, fueron ejecutadas en Irán en los primeros seis meses de 2024.
El último caso se conoció este jueves y se trata de la activista Sharifeh Mohammadi, condenada a muerte por las autoridades iraníes.
Según informaron la agencia de noticias Hengaw, con sede en Noruega, y Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, Mohammadi es una activista laboral acusada de vínculos con una organización kurda ilegalizada.
Detenida inicialmente en diciembre en Rasht -la capital de la provincia de Guilán, al noroeste del país-, fue declarada culpable del delito capital de rebelión.
A Sharifeh se la acusa de pertenecer al partido separatista kurdo Komala, prohibido en Irán. Durante su detención, señaló Hengaw, fue sometida a «torturas físicas y mentales» por agentes de los servicios de inteligencia.
Sin embargo, una fuente cercana a su familia declaró que Mohammadi era miembro de una organización laboral local y no tenía «nada que ver con Komala».
El grupo de derechos humanos Abdorrahman Boroumand Center (ABC), con sede en Estados Unidos y centrado en la República Islámica, afirmó que la condena a muerte estaba relacionada con «su participación en un sindicato independiente».
«Esta sentencia extrema pone de manifiesto la dura represión de la disidencia en Irán, especialmente contra los activistas sindicales en medio de la crisis económica», añadió ABC.
Entre los activistas de la provincia de Guilán advirtieron que la sentencia era «absurda e infundada» y pretendía crear «miedo e intimidación».
Guilán fue uno de los principales focos de las protestas que estallaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer kurda detenida por la Policía de la Moralidad por presunta violación de las normas de vestimenta femenina.
Múltiples organizaciones de derechos humanos acusaron a las autoridades iraníes en los últimos años de utilizar la pena de muerte como herramienta para intimidar a toda la población en respuesta a las protestas.
Amnistía Internacional, por su parte, informó que en 2023 Irán condenó a muerte al menos a 853 personas, frente a las 576 de 2022 y las 314 de 2021.
