Las topadoras llevan arrasadas cerca de 7 mil hectáreas de bosques nativos protegidos por la Ley Nacional de Bosques.
“Es evidente que las multas no son suficientes para frenar la deforestación ilegal. Y en muchos casos hay complicidad de los gobiernos en la violación de la Ley de Bosques. Es hora de acabar con esta impunidad. Necesitamos avanzar con su penalización" señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
Durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, el empresario uruguayo Bruno Mauricio Varela Marín consiguió un permiso para deforestar 7.054 hectáreas de boques nativos con fines ganaderos en la finca La Peregrina, la cual fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en la Categoría II – amarillo, donde está prohibido desmontar.
Pero en enero de 2018, mediante la resolución 56/2018, el Ministerio de Ambiente de la Nación, declaró ilegales a 32 permisos otorgados por la provincia de Salta para deforestar en zonas donde la normativa nacional no lo permite, e instó a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados, entre los que se encuentra la finca La Peregrina.
A fines de ese año Varela Marín fue multado por continuar con el desmonte ilegal, tras una denuncia de Greenpeace.
La organización ecologista detectó que actualmente en la finca La Peregrina continúa el desmonte y las topadoras voltearon casi 250 hectáreas de bosques en lo que va del año.
“La grave crisis climática y de biodiversidad en la que estamos nos obliga a proteger nuestros últimos bosques nativos. Más deforestación significa más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un crimen que debe convertirse en un delito penal”, afirmó Giardini.
