En los primeros días de noviembre, Emilio Pérsico sumó otros $ 94.000 millones a la extraordinaria caja que maneja como secretario de Economía Social. Se trata de un giro extra que el Gobierno le hizo al programa Potenciar Trabajo, bajo la lupa por irregularidades en el cobro de buena parte de sus 1,3 millones de beneficiarios.
Pérsico es el líder del Movimiento Evita, grupo piquetero que forma parte del gobierno de Alberto Fernández y que tiene una enorme influencia en el reparto de planes sociales. La oposición lo acusa de "estar de los dos lados del mostrador", de "desfalco" y de ser el responsable de darle planes a personas que, según una propia auditoría oficial surgida desde la AFIP, compraron dólares y presentaron declaraciones juradas por Bienes Personales.
Pérsico ya suma dos denuncias judiciales, una presentada por el fiscal Guillermo Marijuan y la otra del diputado del PRO Waldo Wolff.
Exactamente $ 94.000 millones de fondos extra recibió el Potenciar Trabajo a principios de mes, junto con otros $ 40.000 millones que le ingresaron al programa Políticas Alimentarias y otros $ 9.000 millones que se distribuyeron entre los diferentes programas del ministerio que desde hace un mes encabeza Victoria Tolosa Paz.
Los recursos fueron girados debido a que por cuarta vez en lo que va del año, se agotaron los fondos que el programa tenía previstos para todo el ciclo 2022. Originalmente previsto en $ 227.026 millones, con los que se suponía que debía subsistir todo el año, el presupuesto del Potenciar Trabajo se reconfiguró y ya se ubica en $ 416.260 millones.
De ese total, al 15 de noviembre, ya se gastaron $ 363.640 millones, es decir, a razón, de $ 1.140 millones diarios solamente destinados a asistir mediante el Potenciar Trabajo a un universo de casi 1,3 millones de personas que cobran medio salario mínimo vital y móvil por mes, a razón de $ 29.000 por brindar servicios laborales cuatro horas por días los cinco días hábiles. En la mayoría de los casos, se desconoce si las tareas se cumplen.
Pérsico controla ese programa, el central de un ministerio donde también conviven otras fuerzas relacionadas a grupos piqueteros, o La Cámpora, que tiene bajo su administración el programa Políticas Alimentarias, a cargo de la distribución de la Tarjeta Alimentar en los sectores más vulnerables. Con 2,4 millones de titulares, ese beneficio llega a unas 4,1 millones de personas. La responsable del área es Laura Valeria Alonso, secretaria de Inclusión Social y militante de la fuerza kirchnerista que encabeza Máximo Kirchner.
Emilio Pérsico, líder del Evita, a solas con la ministra de Desarrollo Socia, Victoria Tolosa Paz.
En el caso de Políticas Alimentarias, en la última reasignación de partidas se le giraron exactamente $ 40.000 millones, lo que hizo que elevara sus recursos a $ 372.909 millones, de los cuales ya gastó $ 310.154 millones. Su presupuesto, aunque en menor medida que el Potenciar Trabajo, también fue retocado varias veces en 2022, año que inició con fondos por $ 248.710 millones.
Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias concentran, en conjunto, más del 90% de todo el presupuesto de Desarrollo Social. En 2023, según el presupuesto que el Gobierno pretende aprobar en el Congreso, manejarán más de $ 1 billón en recursos, contemplando una inflación prevista en 60% y sin tener en cuenta las reasignaciones que se prevén para el año que viene.
En el caso del Potenciar Trabajo, Pérsico tendrá una base inicial de $ 590.982 millones, lo que representa un 160% más de recursos de los que administraba en enero de 2022. Para Políticas Alimentarias, habrá $ 442.756 millones, un 78% más que lo que empezó el año pasado.
El reclamo de la oposición
En las últimas horas, sectores de la oposición elevaron un pedido para que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, comparezca ante la Cámara de Diputados por las irregularidades en el otorgamiento de planes sociales. Además, extendieron la solicitud para que también dé explicaciones Emilio Pérsico, alto funcionario del ministerio y jefe del Movimiento Evita, agrupación apuntada por los ingresos al programa Potenciar Trabajo.
Por su parte, la diputada nacional por Córdoba Soledad Carrizo se sumó al pedido y calificó la situación como "clientelismo" y un "desfalco".
La citación a Tolosa Paz fue pedida en carácter "urgente", para que se presente ante la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja, de acuerdo al proyecto de resolución que hizo Graciela Ocaña. Es por la "probable existencia del delito de defraudación al Estado".
El proyecto requiere que la ministra -que a mediados de octubre reemplazó a Juan Zabaleta- brinde detalles de las personas que son beneficiarias del Potenciar Trabajo a pesar de no reunir los lineamientos necesarios para hacerlo. También solicita que se enumeren las organizaciones sociales y los funcionarios que otorgaron esos programas de manera indebida.
También lo denunció penalmente el diputado Waldo Wolff, del PRO, y pidió que se investigue el rol de Pérsico en la entrega y control de los planes.
