in demandas concretas significativas, ni pedidos de reuniones para plantear reclamos, las tomas de escuelas porteñas reflejan una fuerte politización por parte de agrupaciones estudiantiles ligadas al kirchnerismo. Así lo advierten legisladores y especialistas en educación que siguen con inquietud las protestas.
Un planteo del Normal 5, por ejemplo, expone las razones del descontento y ubica en el segundo punto de los reclamos a “los comentarios del jefe de Gobierno de la Ciudad, [Horacio Rodríguez] Larreta, sobre el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta”. A los dirigentes estudiantiles les pareció grave que Larreta declarara que el feriado decretado por el presidente Alberto Fernández fue “una pérdida total de clases”. La misma demanda se encuentra en petitorios de otras comunidades estudiantiles.
En una escuela de Palermo se hizo hincapié en el reclamo por “viandas en mejor estado”, teniendo en cuenta que “para muchos es la única comida que reciben en el día”. En rigor, en las escuelas medias de jornada simple no se entregan viandas de almuerzo, sino un “refrigerio”, una especie de refuerzo del desayuno o de la merienda. La mayoría, en un barrio de clase media, almuerza en su casa, señalan las fuentes consultadas.
Como ocurrió con la polémica por la apertura de escuelas durante la pandemia o la utilización del lenguaje inclusivo, en los conflictos sobre educación el gobierno de Larreta exhibe una faceta más propia de los “halcones” que de las “palomas”, para utilizar la jerga interna de Juntos por el Cambio. “La decisión es mantener las denuncias penales y civiles contra los padres que avalan las temas”, aseguran en el oficialismo porteño y, al insistir en la politización de las tomas, argumentan que los que impulsan las protestas “son minoría”.
“En la ciudad de Buenos Aires hay 170 escuelas secundarias y el kirchnerismo controla 15 centros de estudiantes. Hay varios conducidos por agrupaciones de izquierda, y en la mayoría los chicos se organizan pero no tienen una representación partidaria”, revelaron cerca de la ministra de Educación, Soledad Acuña.
Los centros suelen tener autonomía –especialmente los del Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini– y no tiene demasiado peso la Federación de Estudiantes Secundarios, que hace unos años creó una red de centros estudiantiles, de buen diálogo con las autoridades educativas nacionales. Franja Morada, por ejemplo, ganó hace un año y medio el centro de estudiantes de la Escuela de Educación Técnica de Lugano, que depende de la Universidad de Buenos Aires.
La ley que consagra el derecho a constituir centros de estudiantes en escuelas secundarias estatales fue sancionada en 2013, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Desde entonces, se buscó fortalecer el vínculo con los jóvenes. Aunque minoritaria, esa identificación que se percibe en algunas escuelas tiene una presencia más fuerte en los gremios docentes. No logra consolidarse, sin embargo, entre los estudiantes universitarios.
Las tomas de 2017
Desde 2017, cuando se sucedieron tomas simultáneas en más de 20 escuelas porteñas, la lista El Acostazo, afín a La Cámpora, conserva la mayoría de la representación estudiantil en la Escuela Mariano Acosta, uno de los centros educativos más emblemáticos. En aquella protesta, realizada para resistir un proyecto de reforma escolar, cobró notoriedad la presidenta del centro de estudiantes del Carlos Pellegrini, Ofelia Fernández, que tenía 17 años y hoy es legisladora porteña por el Frente de Todos. Diputados de Juntos por el Cambio advierten hoy conexiones entre dirigentes estudiantiles y la Legislatura.
En mayo de este año, Ofelia Fernández presentó un proyecto de ley para “garantizar una alimentación adecuada” en las instituciones educativas porteñas. La calidad de la comida está hoy puesta en duda en los reclamos que se escuchan en las escuelas tomadas.
“El mismo viernes en que se decidieron las tomas hubo instancias de diálogo y una reunión en el Lengüitas (Escuela Superior en Lenguas Vivas) con funcionarios de Ministerio de Educación porteño y las consignas no eran claras. Los chicos ya tenían decididas las tomas”, evaluó Manuela Thourte (UCR-Evolución). “Me cuesta creer que no esté fogoneada políticamente”, añadió.
Las tomas de 2017 marcaron un punto de inflexión, después de la presentación de una denuncia de abuso contra una alumna, que habría ocurrido durante la ocupación estudiantil en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En esas protestas, el gobierno de Larreta recurrió a la Justicia y procesó a 40 padres que avalaron tomas en las que se cometieron destrozos.
Más allá de las derivaciones políticas, un temor adicional es que se aliente un enfrentamiento de padres contra padres. “Mientras algunos de ellos respaldan a sus hijos e, incluso, les llevan la bolsa de dormir, otros protestan porque se avasalla el derecho a tener educación”, reveló una fuente educativa.
