La situación judicial de Milagro Sala, detenida desde 2015, volvió a estar en foco en las últimas horas, cuando una trombosis venosa profunda derivó en su internación y el presidente Alberto Fernández decidió suspender su agenda y volar hacia Jujuy para visitarla.
El jefe de Estado apuntó sus críticas hacia la Corte Suprema de Justicia y distintas voces salieron a pedir la libertad de la dirigente. Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), le exigió al presidente que tome “medidas políticas” para concretar la liberación de la referente de la Tupac Amaru e instó a firmar su indulto. El indulto, regulado en el artículo 99 inc. 5º de la Constitución Nacional, establece que el Presidente de la Nación puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal. Por eso, fuentes judiciales subrayaron que Alberto Fernández solo podría indultar a la dirigente en sólo dos causas federales. El resto de las causas son provinciales. Su indulto entonces dependería de la firma del gobernador Gerardo Morales, quien abogó por una pronta recuperación de la dirigente para que cumpla “prisión efectiva”.
¿Cuál es la situación judicial de Milagro Sala? La Corte Suprema tiene a su estudio decidir si confirma una condena a 13 años de prisión en el marco de la causa conocida como “Pibes Villeros”. Tal como se informó en febrero, la Procuración General a cargo de Eduardo Casal solicitó rechazar los planteos de la defensa y dejar firme la condena.
Pero no se trata de la única causa judicial en su contra: muchas de las investigaciones penales ya se cerraron, pero hay otras en trámite, además de la fijación de un juicio en agosto y el pedido concreto del Ministerio Público de Jujuy para que vuelva a prisión.
Fuentes de ese Ministerio dijeron que desde hace años vienen pidiendo que Milagro Sala cumpla en prisión las condenas que tiene firmes. La Corte había dispuesto en 2017 por unanimidad confirmar la prisión preventiva de la dirigente y, en el mismo fallo, cuatro de los magistrados (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) ordenaron que se cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la prisión domiciliaria de la dirigente.
Desde entonces, Milagro Sala está presa en su casa, donde recibió distintas visitas de políticos, incluidos los ministros de Interior, Eduardo Wado de Pedro, y de la Mujer, Elizabeth Gomez Alcorta, quien fue su defensora antes de llegar al Ejecutivo. Pero la fiscalía de Jujuy sostiene que la dirigente debe cumplir en la cárcel las penas de las sentencias que ya están firmes. “Pedimos el cumplimiento efectivo”, sostienen. Precisamente, el 7 de junio la defensa había sido informada que el 28 sería sometida a un junta médica para evaluar su remisión a una cárcel. El día anterior se reportó su internación, subrayaron desde la fiscalía de Jujuy.
Milagro Sala en uno de sus juicios (archivo Juan Fernández)
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016. Tanto ella como distintas organizaciones de derechos sociales y referentes del kirchnerismo denuncian que se trata de una presa política del gobierno de Gerardo Morales. Del otro lado, el dirigente radical sostiene que Sala “debe seguir presa”.
Este es un relevamiento de las diferentes causas penales que se abrieron sobre Milagro Sala, luego de consultar a defensores y acusadores:
*Pibes Villeros. Es la condena a 13 años de prisión. Es la causa más grave en su contra. Allí se investiga si Sala fue la jefa de una asociación ilícita integrada por ex funcionarios provinciales y cooperativistas que defraudó al Estado con fondos recibidos para la construcción de viviendas sociales y llevó adelante distintas extorsiones. En la causa se analizaron tres hechos: fraude a la administración por convenios de enero de 2015 a través del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy y con cooperativas nucleadas en la Red de Organizaciones Sociales liderada por Milagro Sala en donde las obras no habrían sido realizadas; fraude a la administración por mejoramientos habitacionales; y asociación ilícita y extorsión. Según se sostiene, Milagro Sala, junto a allegados de la Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones Sociales, conformaron una asociación ilícita en donde un grupo se encargaba de gestionar los convenios y preparar los papeles apócrifos para lograr las firmas y extorsionaba a los presidentes y otro grupo se gestionaba el cobro de los cheques. En el juicio desfilaron más de un centenar de testigos. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy. La defensa llegó con un recurso extradordinrio a la Corte Suprema. La Procuración solicitó desestimar los pedidos. El caso está a estudio del máximo tribunal.
*Megacausa. La investigación investiga el desfalco de $700 millones entre 2011 y 2015, y que tiene imputadas a una veintena de personas más, incluyendo entre ellos ex jefes comunales, el ex gobernador Eduardo Fellner y la dirigente Milagro Sala. Allí también está procesada por defraudación al Estado y asociación ilícita. Según la acusación, 1836 viviendas a cargo de cooperativas nucleadas por la organización Tupac Amaru jamás fueron construidas, mientras otras 524 otras estaban inconclusas, ello en el marco del «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria.» Ya habían sido pagadas, algunas con adicionales. La Oficina Anticorrupción del gobierno de Mauricio Macri y el Fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy denunciaron estos hechos: se afirmó que la no ejecución de esas obras implicó un fraude a la administración por más de 700 millones de pesos, “los cuales, fueron absorbidos y administrados discrecionalmente por la organización criminal liderada por la Sra. Sala, a través de una compleja operatoria bancaria”. Se solicitó la elevación a juicio.
*Lavado de dinero. Es un desprendimiento de la investigación por la megacausa en donde se investiga tanto a la dirigente como a su familia. Hay un requerimiento de elevación a juicio.
*Huevazos. Es la causa en donde se la señala como instigadora a los huevazos que se tiraron contra el actual gobernador, Gerardo Morales, cuando era senador por Jujuy en 2009. Fue durante una conferencia en la que, en pleno apogeo del kirchnerismo, el radical se refirió al desvío de fondos sociales. La causa tramito en la justicia federal por la condición de senador de Morales. En 2016, Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso por el delito de daño agravado “en su carácter de instigadora”, mientras fue sobreseída por la figura de amenazas porque el TOF de Jujuy consideró en ese momento que esa acción estaba prescripta. Pero Casación, en junio de 2017 con las firmas de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, intervino, agravó el tipo penal a “amenazas coactivas” y dispuso que debía emitirse una nueva sentencia. El TOF jujeño agravó la pena para Sala, sumándole seis meses de condena al fallo dictado, situación que llevó a los abogados defensores a recurrir nuevamente esa sentencia. En agosto del 2021, Casación, con otra composición -Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Liliana Catucci- , anuló la condena a tres años de prisión en suspenso dictada contra la líder de la Tupac Amaru y otros dos personas de su espacio -Ramón Salvatierra y Graciela López. Entendió que la causa por daños y amenazas ya estaba prescripta. Pero la querella apeló esa decisión y la defensa entiende que ya prescribió. El tema busca una respuesta en la Corte Suprema.
Gerardo Morales
*Bombachas. Es la única causa en la que ya tiene condena firme. Se trata de un expediente en el que se acusó a la líder de la Agrupación Tupac Amaru de llamar por teléfono a una comisaría y amenazar los policías para que abortaran un procedimiento contra otra dirigente social. “Son una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van a conocer. Los voy a hacer volar a la mierda”, le había dicho a dos policías, según la acusación. Los hechos juzgados ocurrieron en octubre de 2014, cuando María Belén Vargas denunció que otra mujer vendía ropa interior robada a su madre en una feria de la capital jujeña, pero insólitamente fue ella la que quedó detenida. A pedido de la madre de Vargas intercedió Milagro Sala para que la liberaran, oportunidad en que, según denunció la comisaria Ángela Cabero con el patrocinio de abogados allegados a Morales, la habría amenazado telefónicamente. “Las bombachas puede quedársela para Ud., su jefa y su mujer y todo el personal de la comisaría porque son una manga de maricones”, habría dicho la dirigente. Sala fue absuelta en 2018 por el delito de “inducción a cometer el delito de amenazas agravadas” pero la Cámara de Casación Penal revocó esa decisión: la condenó a cuatro años. Apelación mediante, el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy confirmó la condena pero la redujo a dos años. La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso que llegó a esa instancia y dejó así la sentencia firme. Ahora la polémica es por su cumplimiento: la querella entiende que debe cumplir prisión efectiva hasta febrero de 2023, mientras que la defensa que debe computarse el tiempo que pasó ya detenida.
*Causa Campo Verde. La justicia jujeña dispuso la elevación a juicio de la causa por los incidentes del 8 de marzo de 2021 en el barrio Campo Verde de San Salvador de Jujuy, por los que Sala está acusada de ser instigadora. Ese día un grupo de personas agredieron a policías que buscaban evitar que los agresores impidan el inicio de las obras de construcción de un colegio, en un predio que funcionaba como cancha de fútbol. Cuando a uno de los abogados le secuestraron un teléfono, le encontraron mensajes con Sala diciendo que apoyaba la protesta. “Deciles que vayan a la cancha esta noche los vecinos, que se vayan a quedar todos antes de que llegue la cana”, dijo Sala, según la acusación. La causa se encuentra para iniciar juicio oral y público en el Tribunal en lo Criminal N° 1.
*Robo de causa. Se trata de una investigación en donde se acusa a un abogado de haber sustraído un expediente de una causa en trámite (”Balacera”). Allí se acusa a la dirigente de ser autora mediata de la sustracción de ese expediente. De acuerdo a la causa, todo ocurrió entre el 22 y 25 de diciembre de 2009. De acuerdo a lo que obra en el expediente, en la mañana del 22 de diciembre, MDR, empleado judicial, aprovechó que su compañero de oficina se retiró para adueñarse del expediente N° 1401/07 caratulado: “Ávila y Páez del delito de Tentativa de homicidio” (”Balacera”). Estaba compuesto por 800 fojas divididas en 4 cuerpos. El empleado sacó del juzgado el expediente, luego de haber planeado esta maniobra con el otro acusado. Se supone que recibió instrucciones directas de Milagro Sala, con la finalidad de destruir el documento. La noche del 25 de diciembre, el abogado acusado se dirigió con el empleado a la casa de Milagro Sala y allí habrían quemado la documentación. El empleado habría cobrado un dinero que previamente habría entregado Milagro. Esa causa tiene fecha de debate en agosto próximo.
Alberto Fernández y Milagro Sala
*Lesiones graves. Sala fue condenada a cuatro años de cárcel por el delito de “lesiones graves” premeditadas contra Luca Arias, otro dirigente social, en 2006. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal, que declaró que por el tiempo transcurrido por la detención de Sala en el marco de esta causa, la pena ya estaba cumplido la pena y se ordenó su libertad. La defensa interpuso recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia, que declaró prescripta la acción penal y sobreseyó a Milagro Sala.
*Acampe. Fue la causa por la que se ordenó la prisión preventiva contra Sala por “instigación a cometer ilícitos y tumulto”. Fue cuando Tupac Amaru tomó la plaza central de San Salvador de Jujuy en los primeros días del gobierno de Morales. La causa fue elevada a juicio oral en 2019.
*Balacera. La dirigente fue acusada como coautora de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria en grado de tentativa. El hecho, que se llamó “balacera de Azopardo”, ocurrió en 2007, cuando una niña de 11 años resulto gravemente herida. Milagro Sala fue absuelta por el beneficio de la duda por el Tribunal en lo Criminal N° 2. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.
*Tentativa de privación ilegítima de la libertad agravada. Sala fue denunciada por haber ordenado el secuestro de un bebé para intimidar a una familia. El juez dictó el sobreseimiento.
