La Justicia Federal de Lomas de Zamora allanó este sábado por presunto lavado de dinero la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y resolvió habilitar a la Superintendencia de Servicios de Salud para adoptar medidas de supervisión directa sobre el directorio.
La resolución incluye la potestad de intervenir en el directorio de OSPRERA -que fue suspendido- si se identifican irregularidades que comprometan el cumplimiento de sus obligaciones hacia los afiliados. La medida tiene carácter temporal y busca “garantizar la normalización y continuidad del servicio de cobertura de la obra social”, según precisaron fuentes de la investigación.
Presunto lavado de activos
La Justicia interviene en una causa en la que se está investigando el delito de lavado de activos, presuntamente sustrayendo fondos de la obra social para el personal rural y estibadores en beneficio propio.
De acuerdo a cifras de la Superintendencia de Servicios de Salud, la obra social recibió $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años, pero no logró regularizar deudas que se incrementaron y que hasta agosto ascendieron a $43.949 millones.
En este sentido, el juez a cargo ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de José Antonio Voytenco, titular del gremio, con el objetivo de garantizar que no se distraigan recursos ni bienes del patrimonio de la obra social, además de la suspensión de todo el directorio.
En relación a sus ingresos, fuentes oficiales indicaron que registraba ingresos por $14.005.643, en calidad de presidente de Osprera.
Con esta resolución judicial, buscan garantizar la continuidad de las prestaciones de salud para todos los afiliados y normalizar la situación administrativa y financiera de OSPRERA, asegurando que la obra social pueda recuperar su funcionamiento pleno y transparente.
