En una insólita denuncia en la que desprestigia a las instituciones de la Argentina y a los poderes de la democracia que no le son afines, el Gobierno llevó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su embestida contra la Corte Suprema, a cuyos integrantes busca destituir en juicio político.
Este informe, que se presentará en sociedad el lunes, critica a los medios de comunicación independientes, a la oposición política y a “sectores concentrados del poder económico y mediático” que, llega a decir, tienen la finalidad de “proscribir” a figuras centrales del escenario político”.
De hecho, el informe ya está publicado en el Consejo de Derechos Humanos, que tiene sede en Ginebra, habla explícitamente de que la ex presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es víctima del llamado “lawfare”, mecanismo que describe de manera casi escolar.
Algunos dirigentes de la oposición ya empezaron a repudiarlo en sus redes, dándolo como versión, como el senador Federico Pinedo y el diputado Fernando Iglesias. Sin embargo, en los hechos, este ya fue presentado y no se puede modificar su letra. Lo rechazó la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
“El informe es una vergüenza y atenta contra nuestra historia en materia de derechos humanos. Hablar de ´lawfare´ o ´guerra jurídica´ es una excusa para violar la independencia judicial”, señalaron, por su parte, el presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, y la diputada nacional Marcela Campagnoli del bloque de legisladores nacionales de la CC.
Este informe será presentado a la comunidad diplomática este lunes 23, a las 14.30 hs, hora suiza, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Será en el marco del “Examen Periódico Universal” (EPU) sobre la Argentina.
Esta actividad se produce aproximadamente cada cinco años, desde el año 2006 y por decisión de la Asamblea General de la ONU.
La delegación argentina estará encabezada por el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y el Representante ante los Organismos Internacionales del gobierno de Alberto Fernández, Federico Villegas Beltrán. Pietragalla es un dirigente que utiliza su despacho de secretario de Estado para defender a ultranza las causas del ultrakirchnerismo
El Examen Periódico Universal (EPU) es un examen de la situación de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que ofrece a cada país la oportunidad de exponer sobre los avances en materia de derechos humanos al tiempo que recibe las “recomendaciones” de los restantes miembros de la comunidad internacional acerca de cómo mejorar la situación de los derechos humanos en el país bajo examen. No existe ningún otro mecanismo similar en el ámbito de las Naciones Unidas.
Lo usual es que se presente un “Informe Nacional” sobre su situación o avances en los derechos humanos, presentando la mejor cara en la materia ante la comunidad internacional, sobre Salud, Educación, Discriminación, Derechos del Niño.
Pero el Gobierno lo utilizó para victimizarse del “lawfare o guerra jurídica” contra Cristina Fernández de Kirchner. En ese tren sostiene que dicha práctica “es impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático con la finalidad de ‘proscribir’ a figuras centrales del escenario político”.
Dice que el lawfare es una práctica violatoria de los derechos humanos, una política de hostigamiento, proscripción y persecución política en sede judicial, un proceso penal fraudulento contra referentes políticos que representan a sectores populares, por lo que le reclama finalmente el “acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos”.
Dando un ejemplo dice: “Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del “lawfare o “guerra jurídica”. Y asegura: "Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare – impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático – constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública".
Continúa diciendo que en estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, "se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho", que se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Y afirma que estas causas penales se impulsan únicamente en "contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población".
Sigue y se queja de que "aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión".
El informe dice que "las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos"
Entonces le reclama el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos "para fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho en nuestro país”.
El informe tiene por momentos características escolares. Por ejemplo, cuando intenta explicitar con mayor detalle algunas referencias dentro del documento, abre notas al pie. Por ejemplo:
“(169) El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas que son objeto de su accionar (dirigentes políticos/as, ex funcionarios/as públicos/as y referentes de organizaciones sociales y sindicales). En segundo lugar, porque habilita el diseño e implementación de políticas públicas con un claro sesgo regresivo en materia de derechos humanos (especialmente del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales), que tienen profundo impacto en la sociedad como conjunto.
(171) Recientemente, se tomó conocimiento de una denuncia presentada contra el Estado argentino ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por un grupo de importantes juristas internacionales, alegando que se han cometido graves irregularidades en los procesos penales seguidos en contra de la Dra. Kirchner” Esta insólita presentación, rompe con una regla de oro en el ámbito internacional en el sentido de que en este Examen, los funcionarios gubernamentales defienden íntegramente la posición de su país frente a las críticas eventuales de la comunidad internacional. En este caso, el kirchnerismo utiliza este foro para desprestigiar a la Argentina acusando con una dura retórica a los sectores de la oposición política, al poder judicial, a los sectores económicos, y a la prensa, de conspirar contra los principios democráticos en el país.
