a jueza María Eugenia Capuchetti sospecha que el atacante de Cristina Kirchner no actuó solo y decretó el secreto de sumario después se analizar las imágenes de las distintas cámaras que registraron lo sucedido el jueves por la noche, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta.
Fue un domingo atípico en los tribunales federales de Comodoro Py. La jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo tomaron declaraciones durante todo el día para avanzar con la investigación del atentado. Citaron como testigos a los dos peritos técnicos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) que intentaron desbloquear el teléfono celular de Fernando Andrés Sabag Montiel, el hombre que le gatilló a la vicepresidenta.
Los investigadores buscan saber por qué podría haberse perdido la información del Samsung A50, una prueba clave para la causa, que mientras estaba en poder de los investigadores mostró la leyenda “formateado de fábrica”, lo que significaría que estaría limpio, como nuevo.
Según fuentes judiciales, el celular fue secuestrado apenas Sabag Montiel fue detenido en la noche del jueves y entregado en un sobre cerrado al juzgado de Capuchetti. La primera fuerza que intervino sobre el teléfono, durante las primeras horas del viernes, fue la PFA. Ese sobre fue abierto frente al personal del juzgado y las partes en Comodoro Py y, en ese mismo lugar, los técnicos de la Policía lo conectaron a una computadora propia para desbloquearlo con un software de origen israelí llamado UFED, según relataron fuentes judiciales. De acuerdo con lo que informaron, después de una serie de intentos de desbloquear la clave y extraer su contenido, concluyeron que el proceso no tuvo éxito (”El peritaje tuvo resultado negativo”, en términos judiciales) y se resolvió guardar el aparato en una caja fuerte del juzgado. Todo este proceso está documento en la causa, dijeron en los tribunales.
A lo que sí se accedió y se está peritando es a la información de la tarjeta SIM y de la tarjeta de memoria del teléfono, sostuvieron.
En la noche del viernes, cuando Capuchetti y Rívolo fueron a tomarle declaración indagatoria al imputado a la sede de la Policía Federal de la calle Cavia, en Capital Federal, le preguntaron si estaba dispuesto a desbloquear su teléfono. El imputado respondió que por el momento no y se negó a declarar.
Luego el teléfono pasó del juzgado a manos de la PSA. La jueza Capuchetti envió un oficio a esa fuerza para pedirle que colaborara con la investigación e intentara desbloquear el celular con una versión premium del mismo software UFED. Y durante la noche del mismo viernes, la jueza hizo llegar, en un auto con su custodio personal, el celular en un sobre a la sede de la PSA en Ezeiza.
Según fuentes de la PSA, el teléfono les había llegado en un sobre papel madera que estaba abierto y no estaba “en modo avión”. En el juzgado de Capuchetti sostienen que nunca se cortó la cadena de custodia del aparato y que, en cuanto a lo técnico, están escuchando a los especialistas para saber con precisión qué pasó.
Este domingo, las autoridades judiciales les toman declaración a los expertos de la PSA y de la PFA para reconstruir los aspectos técnicos del desbloqueo del celular, por qué no se logró, y si se puede intentar por otra vía recuperar la información. “Confiamos en que se recuperará”, dijeron fuentes judiciales.
