A contramarcha del pedido de Cristina Kirchner, la Cámara Federal porteña ordenó este martes liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal que estaban presos desde el 20 de octubre pasado en una causa que los investiga por incitación a la violencia colectiva.
En un fallo, al que accedió Infobae, los jueces de la Sala I del tribunal sostuvieron que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los acusados puedan entorpecer la investigación o escapar estando en libertad. Y sugirieron que se tome alguna medida que garantice la sujeción al proceso.
La libertad se dispuso para Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, que habían sido arrestados por pedido del fiscal Gerardo Pollicita y orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Pero habrá que aguardar a saber cuál es la disposición que resuelve el juez para sujetarlos al proceso, “siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido”, le dijo la Cámara. Según indicaron en tribunales a este medio, entre esas medidas puede aparecer desde una caución real (fianza) o juratoria (la libertad bajo juramento) hasta una tobillera electrónica o la retención de pasaporte.
El fallo también sostuvo que la investigación es ajena a la causa que analiza el ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa nro. 2998/2022 ya fue rechazada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado del fuero n° 5 (María Eugenia Capuchetti) y por la presidencia de esta Cámara (causa nro. 3103/2022/1/SE1) y no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación”, sostuvo la resolución.
Todos están presos desde el 20 de octubre pasado. En el caso se investigan las actividades de Revolución Federal. El fiscal imputó a cuatro integrantes del grupo por incitación a la violencia colectiva. Según planteó, las pruebas permiten tener “por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile —entre otras personas aún no identificadas—, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”. A Morel y Sosa les sindicó un rol de organizadores y a Guerra y Basile como partícipes.
El Ministerio Público sostuvo que “se pudo corroborar que, a través de la agrupación Revolución Federal, en el período reseñado los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.
Una bandera de la agrupación en la puerta de Comodoro Py
Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Brugia habían tenido las audiencias de excarcelación esta mañana, tal como informó Infobae. La querella de Cristina Kirchner se opuso por escrito a que se les permitiera quedar en libertad.
Pero los jueces emitieron cuatro resoluciones, una por cada uno de los implicados, en donde se sostuvo un mismo criterio para todos: “No existen riesgos procesales suficientes que nos permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el Juez de grado”.
“Con relación al posible entorpecimiento de la investigación, debe destacarse que los elementos secuestrados ya se encuentran a disposición de las fuerzas encargadas de estudiarlos. En ese sentido, tampoco el Magistrado de la instancia inferior identifica en concreto cuáles serían los comportamientos obstructivos que los acusados podrían llevar adelante en libertad”, agregaron. Y subrayaron que los elementos que debían ser secuestrados ya están en poder del tribunal.
El fallo resaltó que “el mínimo de pena aplicable ascendería a los tres años de prisión, lo que eventualmente avalaría una pena de ejecución condicional” y que eso no cambiaria si se aplicara el pedido fiscal para agravar la figura penal por actos discriminatorios.
Los jueces sostuvieron ademas que los imputados no tienen antecedentes penales. Y en el caso de Sabrina Basile recogieron los argumentos de la defensa: se presentó voluntariamente en la mesa de entrada de tribunales cuando sabía que estaba siendo buscada y quedó arrestada sin ofrecer resistencia alguna. “En respuesta a la invocación efectuada por el Magistrado de grado respecto de las manifestaciones que habría efectuado la imputada, relativas a irse del país, debemos destacar que el contexto en el que fueron vertidas no pueden ser interpretadas como un indicativo de riesgo”, señaló.
No obstante, para todos, la Cámara Federal sostuvo: “Creemos necesaria la aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, debiendo seleccionar aquellas restricciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal vigente, siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido”.
