Dos recientes auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revelan serias irregularidades en los subsidios que los gobiernos kirchneristas otorgaron a comunidades mapuches, entre ellas a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) calificadas por el vocero presidencial Manuel Adorni como organizaciones “terroristas”.
A lo largo de 12 años años, los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, giraron $1.200 millones, según informó el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj. Fueron entregados a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario.
Ese programa fue calificado Avruj como una “obscenidad” y lo dio de baja a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial. El ex secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri denunció que los subsidios fueron utilizados “para litigar contra el Estado”. El esquema “se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para reclamar tierras, dijo. Los informes de la SIGEN así lo demuestran. Pero no es todo. Hay millonarios subsidios que quedaron en el camino.
Irregularidades en la firma de subsidios y convenios
Las dos auditorías son un rosario de falencias e irregularidades al momento de firmar los convenios y su posterior control y rendición de cuentas.
Un ejemplo: el 28 de octubre de 2022, se aprobó un “convenio” para el Lof Catriman Colihueque y la Comunidad Nahuelpan por un monto de $1.690.000 para la contratación de “Servicio Jurídico”, pero cuando los auditores revisaron la documentación respaldatoria descubrieron que:
- ”No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada”.
- ”No existen registros de los Informes mensuales con los avances”.
- ”No se evidencia comunicación a la comunidad sobre el desembolso de los fondos”.
- ”Se incorpora en el convenio el pago de honorarios a un Licenciado en Ambiente”.
- ”No agrega informe técnico detallando la excepcionalidad”, ya que se suponía el subsidio era para contratar abogados.
