La causa que investiga la presunta maniobra ilegal del entonces presidente Mauricio Macri para favoreces a su amigo personal, el magnate Joe Lewis mostró los primeros avances.
Según el diputado Rodolfo Tailhade del Frente de Todos: “La causa está en trámite. Ya están imputados Mauricio Macri y Germán Garavano entre otros y se están ejecutando algunas medidas de prueba”.
El abogado recordó que el fiscal es Carlos Stornelli, quien “no pudo desestimarla porque es contundente la denuncia”. Asimismo, se mostró optimista respecto al curso de la causa judicial: “Creo que va a caminar y generar algún ruido inicial, pero después dependerá como todo de la política y el contexto”.
El viernes pasado, Tailhade denunció penalmente a Macri por el dictado del decreto 820/2016, que modificó el esquema de tutela del dominio nacional establecido por la Ley 26737 de Protección de Tierras Rurales. De acuerdo a la presentación judicial, la decisión de Macri se tomó para beneficiar al magnate inglés Joe Lewis, en una maniobra en la que intervinieron funcionarios del gobierno macrista en connivencia con abogados del multimillonario inglés.
De acuerdo a lo expuesto por Tailhade, la redacción del decreto estuvo a cargo del Estudio Jurídico Brons & Salas, abogados de Lewis y en cuyo domicilio también se inscribió el domicilio social de Hidden Lake S.A., la sociedad de Lewis que es la titular de las tierras en Lago Escondido.
Es decir, a través de sus abogados, Lewis redactó a medida el decreto que lo beneficiaba. Entre los elementos de prueba acreditados en la denuncia, se destacan los que demuestran cómo una abogada del estudio Brons & Salas, que había trabajado hasta unos meses antes en la Dirección Nacional del Registro de Tierras Rurales (autoridad de aplicación de la ley), asegura haber participado de la redacción del decreto, y reconoce la connivencia entre los abogados de Lewis y la entonces directora del Registro de Tierras, Cristina Brunet, que reportaba al ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, quien ya inició la investigación. Pidió, entre otras medidas de prueba, que la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación le remita todas las actuaciones administrativas relacionadas con el dictado de ese decreto.
En abril de 2011, la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández, envió al Congreso un proyecto que proponía un límite a las porciones de tierra que podían en estar en manos de extranjeros. Pero el gobierno de Mauricio Macri modificó la Ley 26.737 en 2016 a través de un decreto presidencial. Las principales diferencias fueron que el macrismo aumentó las superficies a adquirir permitidas. Se facilitó y propició la apropiación extranjera de recursos naturales. La norma del kirchnerismo había fijado un límite del 15 % a toda titularidad de dominio o posesión a nivel nacional, provincial y sub provincial; hasta un máximo de las 1000 hectáreas por titular en zona núcleo y sus equivalencias en el resto de las provincias. No se podían adquirir tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes y sobre todo se establecían controles para evitar la extranjerización a través de la compraventa de acciones por medio de testaferros.
La política del macrismo definió titular extranjero a quien tenga más del 51% del capital social de una persona jurídica, en tanto que la ley de CFK definía como extranjero a quien sea titular de «un porcentaje superior al 25%». Por otro lado, el decreto de la administración Cambiemos modificó otro punto central de la ley, en la que advierte que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1000 hectáreas cada uno. O su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe.
