El alerta lo dieron la Aduana y la AFIP sobre la base de notorias inconsistencias entre los valores de las exportaciones y las obligaciones tributarias. La brecha entre una punta y la otra de la operatoria se explicaría, entre otras cuestiones, por la triangulación de transacciones que no estaban declaradas y que elevarían el posible desfalco al Estado a unos 100 millones de dólares.
Por las presuntas maniobras, en la mira de la Justicia federal están cuatro ciudadanos de origen chino y dos argentinos que, por el momento, no serán citados a indagatoria. Así lo revelaron a Clarín fuentes del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, a cargo de la investigación desde octubre del año pasado.
En las oficinas de Alsina 317 aún estaban procesando la abundante documentación secuestrada en los nueve allanamientos dispuestos el miércoles por el juez Walter López Da Silva. Alcanzaron a oficinas en el puerto de Ingeniero White y domicilios en el centro bahiense, además de locales comerciales en el barrio porteño de Monserrat y en Vicente López.
Los puntos allanados unen a un frigorífico ligado desde hace décadas con la venta de pescado congelado al exterior, un despachante de aduanas y una contadora, entre otros. De todos ellos, la Policía Federal se llevó computadoras, pendrives y teléfonos celulares, además de una treintena de documentos, para ser evaluados y contrastarlos con los datos que surgen de la auditoría de AFIP.
“La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por el jefe de la División de Investigaciones Regionales 3 Pampeana de la Dirección General de Aduanas, Administración Federal de Ingresos Públicos en Mar del Plata”, informó en un comunicado el ministerio de Seguridad de la Nación.
Citó que una “importante empresa pesquera internacional radicada en el puerto de la ciudad de Bahía Blanca podría estar realizando actividades ilícitas vinculadas al contrabando de pescado refrigerado o congelado hacia la Federación Rusa”.
La firma, White Gulf, propiedad del empresario chino Yi Sun, comercializa merluza, pejerrey y langostino, entre otros productos de mar.
“El esquema básico que se investiga es que a partir de la declaración de valores más bajos a los reales en las operaciones de comercio exterior y con la utilización de terceros lugares no declarados, el resultado sería una evasión tributaria”, explicó a Clarín un vocero judicial.
“En dichas triangulaciones intervinieron empresas registradas en los Estados Unidos, Uruguay y Dinamarca”, precisó el ministerio. Agregó que el volumen de la mercadería involucrada en las maniobras de adulteración o falsificación tributaria llegaría a las 50 mil toneladas de pescado.
Para las operaciones de despacho, se habrían utilizado dependencias portuarias de Mar del Plata. En Ingeniero White, la terminal marítima bahiense, White Gulf posee desde hace décadas galpones donde se procesa camarón y langostino que se extrae en proximidades del estuario. Ese sitio fue uno de los allanados.
Las actuaciones están a cargo de la secretaría penal 2 del Juzgado Federal 2 de Ivo Krasnopol Ceballos. De los allanamientos, además de personal de la Policía Federal y de la Prefectura, participaron inspectores de AFIP, organismo que también colaboró durante la etapa de instrucción previa a los operativos autorizados por López Da Silva.
